Etxerat denunció ayer de nuevo, en una comparecencia en Iruñea, que la práctica de la dispersión es «una impune ruleta rusa que pone en peligro nuestras vidas y las de nuestros familiares y amigos».

En este sentido, Amalia Pérez y Karlos Valencia enumeraron varios episodios recientes que muestran la dureza de la política penitenciaria, como la muerte del ex preso Mikel Ibáñez, el accidente sufrido por dos amigas de Irati Mujika cuando regresaban de una visita en Brieva, el creciente control policial y el hostigamiento que padecen los conductores de las furgonetas que transportan a los familiares a las cárceles o las nuevas medidas de control en el interior de las prisiones que obligan a sacar del DNI a niños recién nacidos ya que han dejado de reconocer el Libro de Familia como documento acreditativo.

Junto a ello, mencionaron la situación de Antton Troitiño, que atribuyeron a «la actuación de determinadas formaciones políticas y medios de comunicación que han realizado una utilización política gravísima del caso».

«La sed de venganza y el chantaje permanente que supone la política penitenciaria han vuelto a quedar en evidencia», señalaron, antes de advertir de que no permitirán que «se juegue con la vida de nuestros familiares y amigas para tratar de condicionar el proceso político abierto en Euskal Herria» y de denunciar que buscan repetir lo sucedido con Iñaki de Juana.

Los miembros de Etxerat se refirieron también a los últimos cables de Wikileaks, que han dejado en evidencia la situación de los presos de Guantánamo, marcada por la vulneración de derechos, ataques contra los presos, chantajes y peticiones de colaboración y arrepentimiento para delatar a otros presos, no liberación de quienes padecen enfermedades incurables, aislamiento, elevado número de presos en situación preventiva e informes individualizados sobre cada preso. «Por desgracia, muchos de estos conceptos son sobradamente conocidos en Euskal Herria. Y es que la política penitenciaria que mantienen los estados español y francés conforman el terrible Guantánamo europeo. Los presos políticos vascos padecen la mayor violencia política de Europa. Los tenemos que sacar de allí».

«La política penitenciaria debe pasar a claves de resolución democrática. La sociedad ha exigido con rotundidad el respeto de los derechos de los presos», destacaron.

Atosigante control policial

En la comparecencia de ayer intervinieron también Itsaso Hernández y Eguzkiñe Ayesa, amigas de Irati Mujika que sufrie- ron un accidente el 16 de abril, y Joseba Astorlaza, conductor de Mirentxin, las furgonetas que transportan a los familiares.

Hernández y Eguskiza explicaron que el 16 de abril sufrieron un accidente en Tordesillas (Valladolid), cuando impactaron con el camión que les precedía en la autovía después de que éste frenase bruscamente. Su coche hizo un trompo y dio una vuelta de campana, saliéndose de la calzada.

A pesar de lo espectacular del accidente, las dos jóvenes navarras no sufrieron lesiones de gravedad y pudieron salir por su propio pie del coche. «Apenas dos minutos después, sin llamar a nadie, apareció un coche normal, sin ninguna clase de distintivo, pero sus ocupantes eran guardias civiles», explicaron.

Los agentes les relataron que habían visto el siniestro. «No nos hicieron prueba de alcoholemia, ni nos preguntaron sobre la velocidad o la distancia de seguridad. Nos dijeron que habían presenciado el accidente y que habíamos actuado correctamente».

Los guardias se encargaron de llamar para que se realizase el atestado y que acudiese una ambulancia, tras lo que las dos jóvenes fueron trasladadas al cuartel de Tordesillas antes de regresar a Iruñea.

Acoso a Mirentxin

Joseba Astarloza, por su parte, explicó que ya hace tiempo que los conductores de Mirentxin sufren un continuo acoso mediante controles de carretera y dentro de las ciudades. «Lo último es que los agentes vayan a las habitaciones en las que los conductores duermen unas cuatro o seis horas antes de emprender el viaje de regreso. Nos identifican, nos registran la furgoneta y nos piden un montón de papeles e información sobre los familiares».

Astarloza denunció que ello pone en riesgo la seguridad de conductores y familiares, que se ven obligados a viajar semanalmente miles de kilómetros, por lo que exigió que cese inmediatamente este hostigamiento.