En la recta final de la presente legislatura, cuatro plataformas de pensionistas de Hego Euskal Herria -Asamblea Carlos III de Nafarroa, Gipuzkoako Erretiratuak eta Pentsiodunen Plataforma, y Pentsionistak Martxan de Araba y Bizkaia- comparecieron ayer en Donostia para poner su particular nota a la gestión del Gobierno navarro y de las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Tras estos cuatro cursos, la calificación cosechada es un rotundo suspenso. «Ninguna de estas instituciones ha escuchado nuestras reivindicaciones», explicaron. El único que les ha recibido, indicaron, ha sido Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa, aunque la reunión no dio frutos positivos. El resto, nada de nada.

Las demandas se centran en cuatro grandes bloques. El primero, la puesta en marcha de «una política fiscal justa para que todas las personas paguen los impuestos en función de las rentas reales que reciben».

El segundo punto, que enlaza con el anterior, reclama «eliminar el fraude fiscal empresarial, los paraísos fiscales y la economía sumergida. Situamos el porcentaje de la economía sumergida entre un 20% y un 24% del PIB. El fraude fiscal se estima en torno al 23% del PIB en el conjunto del Estado».

Los pensionistas estiman que, si las instituciones incidieran convenientemente en estos dos primeros bloques, habría «margen suficiente para mejorar los actuales niveles de protección social», aspectos en los que se hace hincapié en los puntos tres y cuatro.

Así, denuncian que «han reducido los servicios de atención y cuidado», que «se prestan cada vez en mayor medida por entidades privadas con ánimo de lucro». Además, subrayan que «las residencias son caras y la oferta en esas condiciones no atiende más alla del 30% de las necesidades, quien tiene recursos se las arregla y quien no, a depender de la familia».

La última reclamación hace referencia a la mejora de las pensiones, ya que «la mitad de las personas pensionistas vive por debajo del umbral de la pobreza», con una media que ronda los 900 euros, entre 650 y 700 si se tiene en cuenta sólo a las mujeres y menos de 600 en caso de viudedad.

En esta tesitura, las plataformas subrayan que ninguna de las cuatro instituciones «ha realizado políticas en beneficio de las personas mayores y pensionistas de este país», sino que se han limitado a «la mera gestión de las políticas dictadas desde Madrid», por lo que les exigen «dejar el sitio libre para que otros lo hagan mejor».