En una entrevista reciente, el senador Francisco Javier Sanz Carramiñana (PSN) anunciaba que iba a repetir en su pueblo, Castejón. A nadie le causó sorpresa. Después de 16 años de alcalde y otros seis de concejal, se había convertido en el rostro del PSN en el pueblo. Además, contaba con todo a su favor; considerado cercano a José Luis Izco, el secretario de Organización del PSN, y a la UGT, había apostado abiertamente por el actual candidato, Roberto Jiménez. Sin embargo, algo pasó y, de sopetón, una de las caras más conocidas del PSN (que anda necesitado de ellas) desapareció del mapa político. Puede que haya sido víctima de un cansancio repentino o, más bien, que haya pesado finalmente la denuncia por prevaricación que se presentó en junio del año pasado. Por el momento, la denuncia contra Sanz Carramiñana está atascada en los tribunales porque su estatus de aforado en Madrid (seguirá como senador hasta las siguientes elecciones generales) le otorga una protección superior a la de un ciudadano normal.

Sanz Carramiñana, como alcalde de Castejón, llegó a un acuerdo con la empresa Hidrocantábrico, que gestiona las térmicas, en el que marcó cuánto debía de pagar la eléctrica al pueblo en concepto de contribución urbana. Dicho pacto fue declarado ilegal en febrero del pasado año por el Tribunal Administrativo de Navarra, que dejó claro que Sanz Carramiñana no tenía potestad para decidir cuánto debe pagar esa empresa al pueblo (firmaron que pagarían 395.000 euros por cada núcleo), porque de eso ya se encarga la Hacienda navarra. El caso es que ese papel firmado por Sanz Carramiñana y Elerebro se hizo efectivo desde 2002 a 2009 y la empresa pagó durante cinco años 395.000 euros y 790.000 (dos núcleos) en 2007, 2008 y 2009.

Por eso, desde que Elerebro reclamó hace unas semanas que se le devolviera todo el dinero que abonó en virtud de ese acuerdo ilegal, a Sanz Carramiñana se le puso cuesta arriba volver a presentarse. Queda por ver qué futuro tendrá la denuncia por prevaricación. No consta en dicha denuncia que el senador haya aceptado algún soborno. Por otra parte, sí que es cierto que las dos hijas de Sanz Carramiñana trabajan en las centrales térmicas de Castejón (al igual que el marido de la actual presidenta del Parlamento navarro, Elena Torres).

Nadie está haciendo sangre con el caso Sanz Carramiñana, quizá por aquello de que, aunque no valga para su pueblo, por lo menos es capaz de poner una pica en Flandes. El PSN ha eludido el escándalo en Castejón deshaciendose del veterano alcalde. Sin embargo, aún tenía un último (o penúltimo) encargo para él. El senador aparece en el puesto siete de la lista del PSN por Olazti, un ayuntamiento que estuvieron a punto de repartirse PSOE y PP (con una lista cargada de foráneos), ya que, además de estos dos partidos, sólo se presentaba Bildu.

Eguesibar y el nacimiento de UPM

El caso de Castejón, donde una empresa reclama una indemnización millonaria al Ayuntamiento porque el alcalde no cumplió la ley, recuerda mucho al de Eguesibar. Aunque, en ese municipio, el problema es aún mayor. Mientras que sobre Castejón lo que pesa es una reclamación económica, Eguesibar ha sido condenado ya a pagar 6,96 millones de euros. El motivo es muy similar. El alcalde Ignacio Galipienzo, firmó un acuerdo (esta vez sí, llenándose los bolsillos) para construir un apartahotel en un solar dotacional. El proyecto ilegal tuvo que ser paralizado y una de las empresas constructoras ha reclamado que se le indemnice. UPN hizo a Galipienzo dimitir, pero eso no bastó para que perdiera la Alcaldía, ya que le sucedió Josetxo Andía, a quien ahora se acusa de haber podido hacer más para evitar la condena de casi siete millones de euros que, al final, recae sobre los vecinos. Andía repite como cabeza de lista en Eguesibar.

Otro de los puntos oscuros de estas municipales, se encuentra en Murillo el Fruto y ha provocado incluso el nacimiento de un partido nuevo: UPM (Unión del Pueblo de Murillo). Se trata de una agrupación nacida de entre los leales al alcalde Javier Garriz, imputado por prevaricación y que será juzgado el próximo día 16. El nombre de la nueva agrupación municipal no esconde la afinidad del alcalde, que es militante de UPN, y que asegura que la fundación de Unión del Pueblo de Murillo tiene como objetivo «no perjudicar a mi partido». A Garriz se le juzgará la semana próxima acusado de entregar ayudas para rehabilitar casas de forma discrecional entre los vecinos. La más escandalosa fue una ayuda a un murillés que, por acometer una obra que costaba 50 euros, recibió una subvención de 900.

Como se ve, aunque la corrupción no esté calando en los discursos electorales, sí que está presente en Nafarroa. De hecho, la honradez de los políticos navarros se cuestiona también a nivel europeo. Eso lo sabe bien el eurodiputado Pablo Zalba (PP) y el equipo de investigación de «The Sunday Times».