Lakua está diseñando una profunda renovación en torno a la seguridad pública en la CAV. El Departamento de Interior de Lakua, dirigido por Rodolfo Ares, plantea la aprobación de la denominada Ley de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi, a día de hoy en fase de tramitación interna. La aprobación del proyecto de ley en Consejo de Gobierno y su remisión al Parlamento de Gasteiz están previstas para el actual periodo de sesiones, esto es, antes de verano.

Una de las tramitaciones que ha superado el anteproyecto es la del Consejo Económico y Social (CES) de la CAV, que ya ha emitido su dictamen favorable. El CES -integrado actualmente por empresarios, sindicalistas de CCOO y UGT, representantes de diferentes sectores y expertos- valora como «positivo» el hecho de que el documento contemple la puesta en marcha de medidas destinadas a «la mejora y racionalización del sistema de seguridad pública».

La profunda reforma afectará a todo el sistema de seguridad pública: Ertzaintza, policías municipales, servicios de emergencia -Bomberos, Protección Civil o agentes de movilidad, entre otros-. La ley tiene como objetivo la creación de la Agencia Vasca de Policía y Emergencias, el Sistema Integral de Coordinación de los servicios del sistema de seguridad pública, el teléfono de urgencias 112 y la Oficina de Inicialivas Ciudadanas.

Actualmente, desde 1992, está en vigor la Ley de Policía del País Vasco. En caso de que se apruebe el proyecto, éste sustituiría tanto a la Ley de Policía como a la Ley de Emergencias y a la de Juego y Espectáculos.

El Departamento de Interior justifica la nueva normativa porque entiende que «la sociedad actual demanda crecientemente de los poderes públicos protección y seguridad para sus personas y bienes». En el anteproyecto se subraya, además, que «aquí, más que en ningún otro sitio, la demanda de seguridad adquiere una dimensión protagonista en el quehacer cotidiano de los poderes públicos».

El concepto de sistema de seguridad pública engloba a las policías municipales y a la Ertzaintza, con lo que se prevé la uniformidad en las comunicaciones entre ambas partes o la creación de mesas conjuntas, que se justifica, entre otras razones, porque lograría abaratar costes. El objetivo es emparejar estas dos figuras, integradas por unos 3.000 policías locales y casi 8.000 ertzainas.

Desde el sindicato LAB consideran que detrás de este proyecto hay un claro objetivo de control social. Desde que se hizo público este anteproyecto, este sindicato viene destacando que su postura siempre ha sido defender la figura del policía municipal dependiente del ayuntamiento y no de Lakua, que conozca a la perfección el entorno social en el que vive y que esté cerca de las necesidades de los vecinos del pueblo. Ademas de entender que, como servicio público que es, la función de los municipales consiste en trabajar por y para la ciudadanía.

El proyecto tiene como principal propósito homogeneizar todo el sector relacionado con la seguridad pública. Por tanto, contempla, por ejemplo, que un policía municipal de Gasteiz, Oiartzun, Ondarroa o Barakaldo tenga una formación y modo de trabajo iguales, todo ello a las órdenes directas de Interior. La cuestión es, ¿resulta adecuado que esto sea así o, por el contrario, debería tomar en cuenta la idiosincrasia y características de cada pueblo para actuar en consecuencia?

Base de datos en Lakua

Otro de los puntos que recoge el texto de Lakua es la supresión de los teléfonos particulares que existen ahora en los ayuntamiento y generalizar el 112 como «teléfono único de urgencias y emergencias». Este numero telefónico, en contra de los que a día de hoy facilitan los ayuntamientos, está bajo control de Lakua, quedando todas las llamadas registradas en su base de datos.

Y aquí surgen las dudas sobre la utilización que pretende hacer el Gobierno de Gasteiz de la información que acumule a través de esa gestión centralizada. El anteproyecto dice textualmente que se creará «un centro de elaboración de datos de interés policial único en la Comunidad Autónoma al que accedan la Ertzaintza y las policías locales». Por tanto, la abundante información que manejan los agentes municipales quedaría registrada y controlada por Interior, y todo ello bajo criterios fijados por la Consejería.

También habrá cambios en materia de formación. Tal y como aparece en el artículo 23, la Academia Vasca de Policía y Emergencias tendrá su sede central en Arkaute. Además de los ertzainas y policías municipales que ya lo vienen haciendo, pasarán por la base de entrenamiento personal de los servicios de prevención y extinción de incendios y de salvamento, personal propio de los servicios de emergencias y protección civil y de los centros de coordinación de emergencias, personal de seguridad privada y profesionales cuya actividad incida en el ámbito de la seguridad pública o privada. También los agentes de movilidad que se encargarán en exclusiva de la regulación del tráfico en el casco urbano se formarán en las instalaciones de Arkaute.

Mientras que ErNE, el sindicato mayoritario en la Ertzaintza, viene vaticinando «el previsible colapso» de las aulas y lamenta que ello no se haya tenido en cuenta ya que muchos agentes de la Policía autonómica «llevan quince años sin realizar prácticas de tiro o veinte años sin ningún tipo de reciclaje profesional», los representantes de LAB rechazan que la implantación de cursos en Arkaute sea unitaria para todos los que pasan por sus instalaciones bajo un perfil diseñado exclusivamente por Interior.

Por otro lado, la futura ley prevé que, siempre previa autorización de la Consejería, los ayuntamientos puedan compartir agentes pero, en definitiva, las instituciones locales pierden fuerza en favor de Lakua, ya que éste tendría el control absoluto de todo lo relacionado con la seguridad pública.

Un modelo de policía social

Desde LAB enfocan la cuestión teniendo en cuenta que en Euskal Herria, dentro del ámbito de los policías municipales, siempre ha existido una masa crítica que ha impedido que se den los pasos que impulsa ahora el Ejecutivo de Patxi López y que ha contado con el amparo de la mayoría social. Lo que queda por ver es cómo reaccionará la ciudadanía cuando el debate se extienda a la opinión pública.

Esta forma de enfocar la seguridad pública no es nueva. En el Estado español también se está extendiendo la misma tendencia y Catalunya o Asturias ya cuentan con normativas similares.

«Menos romper cabezas y más cursos de inmigración», comentan desde LAB. Y es que, señalan, este tipo de leyes marcan la estructura de un modelo de sociedad. Queda por ver además si el proyecto se aprueba en la Cámara de Gasteiz.