La última fase del juicio sobre las ayudas conocidas como «vacaciones fiscales» concedidas por las haciendas vascas y consideradas ilegales por Bruselas concluyó ayer en la sede del Tribunal de Justicia de la UE. En la vista, se analizó el recurso presentado por las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa contra una primera sentencia emitida en 2009 por el Tribunal de Primera Instancia que consideraba las vacaciones fiscales «ayudas públicas ilegales».

Pero antes de que se pronuncien los jueces, el Ejecutivo comunitario ha solicitado al Tribunal que multe al Estado español por no haber recuperado todavía la totalidad de las ayudas que recibieron las empresas beneficiarias. En concreto, el Ejecutivo de Bruselas pide que la multa ascienda a 236.044 euros por cada día que transcurra desde que el Tribunal vuelva a pronunciarse sobre el asunto hasta que el Estado español acate la sentencia, y otros 25.817 euros por cada día transcurrido desde la primera resolución, dictada en diciembre de 2006, hasta que se emita la segunda.

Las diputaciones forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa insistieron ayer en la legalidad de las medidas y solicitaron la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (actual Tribunal General) que respalda la decisión de la Comisión Europea de declarar las ayudas incompatibles con el derecho comunitario.

El Ejecutivo europeo, apoyado por el Gobierno de La Rioja, defendió en cambio que las medidas constituían una ayuda de Estado ilegal que perjudicaba a la competencia, por lo que debían ser devueltas.

Los representantes legales de las haciendas vascas aducen errores de derecho cometidos por el Tribunal de Primera Instancia, como no admitir ciertas pruebas que mostraban que la CE había dado a entender su conformidad con las medidas vascas.

«El Tribunal de Primera Instancia ha impedido practicar una prueba pertinente vulnerando el derecho a un proceso justo», afirmó en su intervención el abogado de las diputaciones.

Los argumentos en defensa de las medidas vascas se vieron respaldados por la presencia del Abogado General del Estado español, que destacó la irregularidad en la gestión de la CE y recordó que medidas similares a las vascas se introdujeron también en otros puntos del Estado español, como en Nafarroa, sin que Bruselas actuase contra ellas. Asimismo, consideró excesiva la devolución de las ayudas reclamada por la Comisión.

La CE, por su parte, negó que hubiese dado señales positivas y subrayó que esa impresión que alegan las diputaciones nada tiene que ver con ninguna acción concreta de Bruselas.

Tres medidas en litigio

Las alegaciones se centraron ayer en el crédito fiscal del 45% del importe de la inversión en activos fijos materiales nuevos y en la reducción gradual de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades aplicada desde 1995, dos de las tres medidas adoptadas en los años noventa por las diputaciones para favorecer el desarrollo de empresas.

La tercera medida en litigio, la exención fiscal durante diez años del Impuesto de Sociedades a compañías surgidas entre 1993 y 1994, ya fue objeto de una vista previa en marzo sobre la que se pronunciará sentencia el próximo 9 de junio.

El diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga, lamentó que después de tanto tiempo la CE no haya podido esperar a que el Tribunal de Justicia de la UE decida sobre el recurso de casación que presentaron las diputaciones forales contra la sentencia de primera instancia que daba la razón a Bruselas.

Los jueces de Luxemburgo se pronunciarán en los próximos meses al respecto y aclararán si anulan la sentencia del Tribunal General y si procede la recuperación de las ayudas, lo que inevitablemente condicionará la decisión sobre la posible multa.

Iruarrizaga recordó además que el propio Tribunal de Luxemburgo «dijo que tenemos capacidad suficiente para poner un tipo de sociedades diferente y que eso no es un sistema de ayudas».

«Estamos en una pelea muy dura contra la Comisión y contra el Gobierno de La Rioja que está aquí personado y confiamos en que el Tribunal nos dé la razón», resaltó.

«Pesada herencia»

El diputado de Hacienda y Finanzas de Gipuzkoa, Pello González, se manifestó en el mismo sentido, al señalar que los abogados de las haciendas vascas y el del Estado salieron «satisfechos» del juicio, y se mostró convencido de que «puede haber alguna posibilidad de que termine para bien esta larga historia de más de diez años de vida, una pesada herencia que recibimos en la gestión de nuestro departamento».

Por su parte, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Idoia Mendia, confió en que el tribunal acepte «muchas de las pruebas» presentadas por las diputaciones. No obstante, avanzó que, si el fallo es contrario, su Ejecutivo ayudará a las diputaciones y a las empresas afectadas para que «se minimice al máximo el daño», aunque no concretó las fórmulas que se barajan.