Nadie hubiera creído en la década de los 80 que el País Vasco, afectado en aquel entonces por una profunda crisis económica y de desempleo masivo, se convertiría en una de las regiones más ricas de Europa. En la actualidad, el País Vasco está una vez más en un momento crucial de su historia. El conflicto con el grupo violento independentista ETA que se ha cobrado más de 800 vidas y ha causado tanto sufrimiento a la población desde hace cuatro décadas puede ser resuelto permanentemente.

Desde el comienzo de este año, muchos acontecimientos han creado una nueva dinámica en el conflicto vasco. El 10 de enero, ETA proclamó un alto el fuego unilateral. Al mes siguiente, la ilegalizada izquierda abertzale creó un nuevo partido político, Sortu, cuyos estatutos rechazan sin condiciones la violencia política. De este modo, se cumplen, en nuestra opinión, las condiciones exigidas por la legislación española para ser legalizada. Por desgracia, esta legalización está a la espera de una decisión del Tribunal Constitucional, lo que retrasa el objetivo de la normalización política. Para nosotros hay pocas dudas de que pronto se logrará la legalización, especialmente después de que el Tribunal Constitucional decidiera la pasada semana no ilegalizar a Bildu. Esta decisión sin precedentes del más alto tribunal de España es, en nuestra opinión, una victoria para la democracia y el Estado de Derecho y allanará el camino para la normalización política en el País Vasco.

El 28 de abril, las dos principales asociaciones de empresarios del País Vasco y Navarra hicieron pública una carta de ETA, que indicaba el final del llamado «impuesto revolucionario». También hicieron público que ETA había dejado su práctica de intimidación y extorsión desde su declaración de alto el fuego, práctica que provocó el asesinato de muchos empresarios. Llevamos a cabo nuestra propia investigación y estamos en condiciones de confirmar que este aspecto del alto el fuego general de ETA se mantiene y vamos a seguir supervisando el cumplimiento del mismo por parte de ETA.

Las razones para esta evolución positiva son muchas. Además del compromiso de Sortu con medios exclusivamente pacíficos, la izquierda abertzale ilegalizada se ha manifestado en contra de la violencia; representantes de todos los partidos políticos vascos, excepto el Partido Popular, piden la legalización de Sortu; las fuerzas de seguridad españolas y francesas están teniendo éxito en su lucha contra la estrategia del terror; y el compromiso internacional en la transformación del conflicto está construyendo la confianza en que una resolución duradera es verdaderamente posible.

A fin de fomentar esta dinámica, el Grupo Internacional de Contacto para el País Vasco (GIC-PV) se estableció en enero a petición de distintos partidos políticos, sindicatos y asociaciones del País Vasco para facilitar la normalización política y el fin de la violencia.

Hasta ahora, el Gobierno no ha respondido positivamente a esta evolución. Tras una petición suya, el Tribunal Supremo español no sólo ha rechazado la legalización de Sortu, sino también la de Bildu, una coalición de partidos independentistas que se han opuesto siempre a la violencia de ETA. El Tribunal Supremo falló en contra de Bildu porque su lista de candidatos incluye a personas que han sido asociadas previamente con Batasuna, hecho que según el Tribunal es una prueba de asociación con ETA. Afortunadamente, el Tribunal Constitucional ha anulado la decisión del Tribunal Supremo sobre Bildu.

Es comprensible que el tema de la confianza sea un problema. La detonación por parte de ETA de una enorme bomba en el aeropuerto de Madrid en diciembre de 2006 no se ha olvidado. El Gobierno puede creer que este alto el fuego es un movimiento táctico para dar tiempo a ETA para reestructurarse antes de atacar de nuevo. Aunque apreciamos el recelo del Gobierno, estamos de acuerdo con la mayoría de los partidos políticos y colectivos sociales vascos en que las condiciones ahora, por primera vez en muchos años, están maduras para una profunda transformación política y una paz duradera. Por esta razón nos alegramos de la respuesta responsable y madura que el Gobierno español ha dado sobre la no ilegalización de Bildu.

Hoy, hacemos un llamamiento al Presidente del Gobierno español: «Sr. Zapatero, no pierda esta oportunidad histórica para ayudar a terminar con el último conflicto violento político de Europa. Haga lo que esté en sus manos para asegurar que se le da a Sortu la oportunidad de demostrar su compromiso con la paz y la democracia, especialmente a la luz de la decisión del Tribunal Constitucional de no ilegalizar a Bildu; flexibilice las estrictas leyes de seguridad para posibilitar un entorno político inclusivo en el País Vasco; colabore con un organismo internacional para verificar el alto el fuego de ETA y para facilitar el desmantelamiento de las armas».

En vista de las próximas Elecciones Generales previstas para el año que viene, el Gobierno podría estar tentado a seguir oponiéndose a los intentos de la izquierda abertzale ilegalizada para entrar en las instituciones democráticas, a pesar de las nuevas oportunidades, por temor a que la oposición le critique por debilidad. Pero creemos que éste es un momento para el liderazgo y para el arte de gobernar y, presidente Zapatero, «usted ha demostrado en el pasado que tiene la capacidad para ambos».

(*) Raymond Kendall, baronesa Nuala O`Loan, Alberto Spektorowski Grupo Internacional de Contacto para el País Vasco