Una de las consecuencias de la «unidad de mercado» del Estado español, es que existe un enorme centralismo mediático, de manera que los emisores madrileños se convierten en «la opinión pública española», pese a que en otros lugares, como por ejemplo Barcelona, pueda haber medios tan potentes como los de Madrid, y también mucho más razonables, que sin embargo no tienen apenas eco fuera de Catalunya.

Dentro de ese espectro mediático madrileño existe, por motivos que aquí resultan imposibles de abordar, una notable fragmentación y atomización de periódicos, radios y televisiones de la derecha, que se ven obligados a competir entre sí para hacerse un hueco en el mercado. «El Mundo», por ejemplo, encontró un filón convirtiéndose en el altavoz de quienes dudaban de que los atentados del 11-M fueran de autoría yihadista, y preferían atribuirselo a ETA, o al tándem «ETA/PSOE», de nuevo tan de moda. Después de ocho años, probablemente ya ni Pedro J. sepa realmente cuál es la teoría oficial de su periódico sobre el 11-M, pero lo importante es el negocio.

Aquello creó escuela, y si uno puede decir que en el mayor atentado de la historia del Estado español algo pudieron tener que ver desde Rubalcaba hasta ETA, el resto inicia una alocada carrera al grito de «rojo el último». Y así se llega a la situación inaudita en la que nos encontramos ahora, donde se empieza a tachar de terrorista a todo vasco que se sale de la ortodoxia que marcan los tertulianos de la caverna, y se acaba insultando sin sonrojo hasta a los magistrados del Tribunal Constitucional. Y lo hacen, precisamente, aquellos que se dicen a sí mismos defensores del Estado de Derecho.

La fuerza movilizadora que tiene este sector ultra se vio en la paupérrima manifestación del 9 de abril contra Sortu, cuando apenas consiguió reunir en Madrid a 18.413 personas, según el recuento de la empresa Lynce, la misma que una semana antes contó 40.960 en Bilbo en defensa de la legalización.

Y, sin embargo, los redactores de esa agenda ultra tienen secuestrado al PSOE y a una supuesta ala moderada del PP y les hacen bailar una y otra vez al son que ellos tocan. Nunca hubo motivo para tratar de ilegalizar Bildu, y el Gobierno se tiró de cabeza. Ahora el último escándalo es por un cartel.