El Ejecutivo de Bruselas ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una multa millonaria por las «vacaciones fiscales vascas». A la sombra de la conocida como «doctrina Ardanza», que argumentó que ante la «apatía» del Gobierno central la apuesta era construir un «paraíso empresarial» atractivo para la inversión, con un clima de tolerancia fiscal y baja imposición al capital inversor. El señuelo utilizado, la exención del impuesto de sociedades durante los diez primeros años a nuevas empresas, créditos fiscales del 45% para inversiones y reducción en la base imponible de ese tributo en los primeros cuatro años de beneficios. Aquella decisión es considerada por Bruselas como una ayuda de estado y, por tanto, es ilegal. El ciclo se cierra, y no precisamente de una manera elegante. Nadie devolverá a las arcas públicas del país el dinero que se dejó de cobrar y el perjuicio para la ciudadanía se agravará.

Aquella fue una decisión política que, en la práctica, supuso regalar cientos de millones a empresas como receta para mejorar la economía del país. Sin embargo, las «vacaciones fiscales» no son un descubrimiento específico de los vascos. Irlanda, sin ir más lejos, se convirtió en «tigre celta» -venido a menos, hasta convertirse simplemente en un gato- por idéntico procedimiento. El capital tiene en nómina a muchos políticos a los que dicta su política fiscal. Pero los tiempos han cambiado y la Unión Europea presiona ahora en otra dirección: elude la discusión sobre la autonomía normativa vasca en materia fiscal pero impone, progresiva e irremediablemente, la unificación de las políticas fiscales comunitarias. Hecho que muchos interpretan como el principio del fin del régimen fiscal de los vigentes Concierto y Convenio Económicos.

La política fiscal es un instrumento fundamental para la eficiencia económica del país. Regalar millones no hizo del país un paraíso y apostar por el «viejo» modelo no funcionará. La necesidad de una nueva estructura fiscal para el país no es un capricho político o partidista, sino una urgencia económica de primer orden.