Son ya dos meses, desde primeros de marzo, los que la plantilla de Ingemar lleva acampada a la puerta de la planta de Usurbil, en huelga indefinida desde que la dirección presentara un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para «extinguir» 60 contratos.

Esta empresa se dedica al corte y pulido de grandes bloques de piedra, especialmente granito y mármol, para su posterior empleo en la construcción de fachadas, revestimiento de paredes y suelos, encimeras, baldosas... La plantilla denuncia que se está desviando la producción a otra planta que el grupo tiene en Guitiriz (Lugo), argumentando que én Galicia «se produce más barato».

En este periodo se han producido numerosas reuniones, pero las posiciones se han movido muy poco. El comité, que rechazaba y sigue rechazando cualquier salida traumática, llegó a proponer que esas 60 salidas se produjeran mediante bajas incentivadas y prejubilaciones para los mayores de 57 años.

La empresa no aceptó y al final, tal y como se temían los representantes de los trabajadores, ante la falta de acuerdo entre las partes ha sido la Delegación de Trabajo de Gipuzkoa la que ha tomado la decisión definitiva.

El resultado se hizo público el pasado 28 de abril. Trabajo aceptó el ERE de extinción para 30 empleados, la mitad de los propuestos por la empresa. El comité planteó como mal menor que se aplicara esta medida a voluntarios dispuestos a abandonar la empresa y a gente dispuesta a prejubilarse. Pero obtuvo otro no por respuesta y ha sido la dirección la que ha elegido «a dedo» los treinta nombres, a quienes se notificó el despido el pasado 5 de mayo mediante un burofax.

Ante esta situación, el comité compareció ayer ante los medios para denunciar la actitud de la propia empresa y de las administraciones, tanto la del Estado español como la autonómica. Los despidos son ya un hecho consumado con el plácet institucional y queda la pelea por «suavizar» las consecuencias, reclamando que las indemnizaciones se produzcan en un único plazo -la empresa pretende dejar una parte para cuando acaben las prestaciones de desempleo, dentro de dos años- y obteniendo «la garantía de continuidad del proyecto por medio de la vuelta del trabajo deslocalizado».