En ella, su director no hace si no seguir al pie de la letra el capítulo séptimo del libro de Alfredo Grimaldos titulado «La CIA en España». Según Grimaldos, «es difícil encontrar a alguien que sos- tenga que sólo ETA estuvo implicada en la voladura de Carrero». Esta tesis es la misma que lanzó Arias Navarro, sucesor de Carrero, a las semanas del atentado. Nada nuevo, por tanto.

El teorema de la conspiración tiene un recorrido recurrente a pesar de que pueda parecer de reciente cosecha. Un cartel de los «indignados» en Donostia lo explica a la perfección: «No a las sociedades secretas. No a los auto-atentados del 11S (Nueva York), 11M (Madrid) y 7J (Londres)». Las sociedades se rigen, según este teorema, por grupos en la sombra que controlan todo lo que se mueve bajo el sol. Antes fueron los templarios, más tarde los masones y hoy en día la CIA. El ojo de Dios. O el del Gran Hermano. El-vis no murió en Memphis y vive de incógnito en Argentina, ni tampoco Armstrong puso el pie en la luna sino en un estudio de Hollywood.

Los argumentos de estas teorías conspirativas en relación a la muerte de Carrero, al margen de las del libro de Grimaldos, parecen recaer en las dudas que plantea el Sumario 142/73 de Madrid cuyas pesquisas no concluyeron en juicio (Ley de Amnistía de 1977), en el interés de la familia de Carrero de cargar las tintas en los fallos en la vigilancia y contravigilancia del almirante, en la exculpación de los mandos militares de entonces (Iniesta Cano, San Martín, Cassinello, Quintero...) y, sobre todo, en presentar a Euskadi Ta Askatasuna como una cuadrilla de cavernícolas sin ninguna capacidad táctica y, por supuesto, estratégica.

Un programa de televisión dedicado a detectar marcianos y fantasmas añadió hace unas semanas una quinta fuente de conspiración, en línea con su carácter: EEUU se había enfadado con España, en especial con su presidente Luis Carrero, porque el almirante dirigía un proyecto ultrase- creto, el de la fabricación de la bomba atómica, a espaldas de Washington. Sólo dos potencias eran capaces entonces de hacerlo, EEUU y la URSS. ¿Significaba ello que Carrero había caído en poder de los soviets? Por tanto, ¿los americanos estaban obligados a eliminar al delfín de Franco?

Siempre que ETA ha efectuado algún atentado fuera de lo previsible, la reacción gubernamental para paliar las críticas hacia la falta de previsión de sus servicios secretos ha sido la de implicar su paternidad a agentes extraños. Un rápido repaso de hemeroteca lo corroborará. ETA ha ejecutado acciones más complicadas que la de Carrero, incluso en los atentados en Madrid contra el jefe de la oposición Aznar (el coche del líder del PP estaba blindado y el de Carrero no) o en Mallorca contra el rey. En Madrid mató entre la muerte de Franco y la entrada en la OTAN a una decena de militares de graduación cercana a la del almirante y en 1988 sostuvo el probablemente mayor pulso de su historia: el secuestro del industrial Revilla durante 249 días.

En julio de 1986, ETA atacó la sede del Ministerio de Defensa, en Madrid, con 12 granadas, dos de las cuales llegaron a penetrar incluso en el interior. «Abc» dijo que «el centro de las Fuerzas Armadas era el mejor custodiado de España». Nadie habló, que se sepa, de implicación de Washington en el atentado. En abril de 1982 ETA dinamitó la sede central de Telefónica en Ríos Rosas, en Madrid. Casi un millón de abonados y 6.000 sucursales bancarias se vieron afectados. ¿Estuvo Moscú detrás del ataque? Ni siquiera «Interviú» lo insinuó.

Los argumentos de la conspiración son fácilmente desmontables. El primero, el de la ausencia de controles tras el atentado, es una falacia. Tras los hechos, Carlos Iniesta Cano, director general de la Guardia Civil, envió un telegrama a todas las comandancias territoriales que finalizaba con un inquietante mensaje: «Caso de existir choque o tener que realizar acción contra cualquier elemento subversivo o alterador del orden, deberá actuarse enérgicamente, sin restringir ni en lo más mínimo el empleo de sus armas».

Así fue. La Policía y la Guardia Civil pusieron centenares de controles en carreteras y caminos. En la madrugada del día mismo del atentado, 20 de diciembre de 1973, la Policía abrió fuego en Madrid contra un joven de 19 años, Pedro Barrios, en quien creían haber identificado a Iñaki Mujika Arregi, Ezkerra. A consecuencia de las heridas, Pedro Barrios fallecería quince días más tarde. Vayan a la prensa y lean cómo «uno de los jefes militares de ETA» había resultado herido en la explosión que había provocado la muerte del presidente español. Cuando comprobaron que Barrios no era Ezkerra, la noticia desapareció de los diarios.

En Madrid, decenas de jóvenes vascos que se encontraban realizando el servicio militar fueron detenidos. En Baiona, Hendaia y Donibane Lohizune, la Gendarmería hizo numerosas detenciones, entre ellas la del que decían era jefe militar de ETA, Juanjo Etxabe. En Donostia, la Policía había matado a Josu Artetxe, militante de ETA. En la nota oficial se dijo que Artetxe se había suicidado para no contar datos de la operación contra Carrero.

La implicación norteamericana se cae por su peso. Toneladas de documentación desclasificada, decenas de biografías y hagiografías, y ni una sola línea que apoye la tesis conspirativa. Como se ha aireado recientemente, Kissinger se reunió con Carrero Blanco en los días anteriores al atentado. Según los conspiradores, la reunión fue un fracaso. Carrero se enfrentó a Kissinger. Tal y como hizo Franco con Hitler en Hendaia en 1940. Mala ficción. Las relaciones entre Washington y Madrid eran excelentes. Vernon Walters, entonces director adjunto de la CIA, lo cuenta en sus memorias («Silent Missions») e incluso se declara admirador de Franco.

Desde las negociaciones para el establecimiento de bases norteamericanas en suelo español, las relaciones entre Washington y Madrid no tenían secretos. Los puestos clave de la inteligencia y del Ejército español estaban en manos de hombres profundamente franquistas y a la vez americanistas. Algunos de ellos, incluso, se habían formado en EEUU. Cuando el golpe de 1981 se iba a probar cuán cerca estaba Washington de los hombres más conservadores y retrógrados del Ejército español. Los sucesores de Carrero.

Desde el año 1953, Estados Unidos siempre ha apoyado en España la opción más conservadora de entre las posibles. Sin excepciones. La percepción de España como un territorio susceptible de quedar bajo control de fuerzas y sindicatos comunistas era la principal preocupación de Langley en los años 70. Cualquier ataque al régimen se consideraba apto para la desestabilización y, por tanto, de alto riesgo. Mientras todo el aparato de Información del régimen franquista ligaba la insurrección vasca al comunismo, EEUU ya señalaba que la estrategia de ETA, comunista, era similar a la que había teorizado el brasileño Marighela, que la acción del Estado hiciera imposible la vida a los ciudadanos: acción-represión-acción.

Ésta es la misma lectura que hizo Andrés Cassinello. Como es sabido, Cassinello fue el padre del famoso Plan ZEN. A comienzos de 1960, Andrés Cassinello desplazó su residencia a EEUU. En Fort Bragg (Escuela de Guerra Especial del Ejército de USA en Carolina del Norte) se diplomó en Contrainsurgencia, primero, y en Operaciones contra-guerrillas, más tarde. Cassinello sería el último jefe de los servicios secretos franquistas (SECED) creados por Carrero. Hombre de Washington en Madrid.

Poco después de la muerte de Carrero, Cassinello concluyó «Subversión y reversión en la España actual», un grito contra el «debilitamiento progresivo» del sistema. Franquista radical. El trabajo encajaba perfectamente en los postulados de aquella Red Gladio, la red invisible promocionada por los norteamericanos, para preservar el mundo del comunismo. La extrema derecha de la derecha. Como novedad, en este manual sobre el modo de encauzar la «cruzada» anti-comunista Cassinello dedicaba un capítulo a ETA y a sus objetivos: «No producir víctimas entre la población adicta o neutral; aparecer como los valedores ante las supuestas injusticias del Estado; lograr eco favorable en los medios de difusión internacionales y ridiculizar la acción de las Fuerzas de Orden Público, poner en evidencia sus dificultades operativas y mostrar que ETA domina el terreno cuando se lo propone».

Con una sintonía total entre Washington y Madrid, un miedo visceral al comunismo y a todo aquello que supusiera cualquier movimiento antes de la muerte de Franco, ¿deseaba la CIA la desaparición de Carrero? Mucho me temo que fue la misma agencia la que había dado el visto bueno a su nombramiento como presidente mientras «maduraba» al príncipe. No hay que olvidar que el sucesor de Carrero sería Arias Navarro. De Guatemala a guatepeor. Fascistas ambos convencidos.

Nadie recuerda, se supone que intencionadamente, que ese mismo día del 20 de diciembre comenzaba a celebrarse en la misma ciudad de Madrid el Proceso 1001 contra la dirección de CCOO. Y que todas las miradas estaban puestas precisamente en el juicio contra la dirección del entonces sindicato comunista. Y que la capital hispana ofrecía una gala hipócrita frente a las numerosas delegaciones y medios europeos. Policías, espías y chivatos andaban tras los sindicalistas.

La imagen de una organización separatista vasca sin apenas capacidad de análisis estratégico y muy limitada en el aspecto operativo ha sido una constante a la que se han sumado la mayoría de los grupos antifranquistas. Algo estaban haciendo mal cuando ETA llegó a convertirse en la referencia política contra el dictador, despertando simpatías en numerosos sectores sociales. Excepto UGT y CNT, todas las formaciones históricas y nuevas, incluidas LCR y MCE, criticaron la acción de ETA.

Santiago Carrillo fue el primero en lanzar la tesis de los americanos. Carrillo sabe que trabajar para los americanos era el peor epíteto que podían lanzar a sus contrincantes para descalificarlos. Jesús Monzón, jefe de la guerrilla pirenaica y dirigente del PCE, fue descalificado por Carrillo tras llamarlo «trabajador a sueldo del imperialismo norteamericano». La cantinela de la época.

El mensaje de fin de año de Franco aplicó los mismos tonos que los diarios del régimen: «La violencia de una pequeña minoría, postulada desde el exterior, que a nadie y nada representa, se ahoga en la madurez del pueblo español, cuya serenidad y confianza se asientan en la seguridad de que los órganos del Estado administran justicia y aseguran el orden bajo el imperio de la ley. Las instituciones han funcionado insertadas en nuestro pueblo».

Las noticias de la prensa española fueron pueriles. Uno de los bulos mayores fue el de la presencia de un ingeniero sueco en minas que habría preparado el túnel de Claudio Coello. Lo único cierto al respecto es que ETA había enviado a América a varios de sus militantes para aprender de los Tupamaros las técnicas de zulos y túneles.

El resto de los argumentos son obvios. Iñaki Pérez Beotegi, Wilson, fue detenido y torturado brutalmente en julio de 1975 en Barcelona. Según Granados y Bardem, su declaración policial sirve para construir los detalles del atentado. En enero de este año de 2011, Xabier Beortegi, detenido en Iruñea por la Guardia Civil, dijo que, tras las torturas, «hubiera dicho que hasta maté a Manolete». Wilson torturado afirmó que un desconocido le dio un papel en un bar indicándole el objetivo. Gracias a «Operación Ogro», de Eva Forest, sabemos que declaración policial y realidad fueron bien distintas.

En el libro, Julen Agirre (Eva Forest) entrevistó a los miembros del comando que participaron en la muerte de Carrero. Sobre el origen de la información que ubicaba al almirante en la iglesia de los jesuitas de la calle Serrano, los entrevistados esquivaron la pregunta en dos ocasiones. Pero afirmaron tajantemente que la informa- ción «llegó a la dirección. Nosotros nos limitamos a comprobar lo que nos pidieron. Pero la vía no la conocemos». Estaban protegiendo las fuentes.

Meses más tarde, la Policía detuvo en Madrid a 19 personas, a las que acusó de formar parte de la infraestructura de ETA en la capital del Estado. Entre ellas, Alfonso Sastre, Lidia Falcón, Antonio Durán, Eliseo Bayo, Mari Paz Ballesteros y la propia Eva Forest, la autora del libro en el que se detalla el atentado. La mayoría de ellos eran disidentes del PCE. Cuando ingresaron en prisión, el Ministerio de Gobernación les acusó de haber identificado al objetivo y de haber participado en los preparativos del atentado que acabó con la vida del presidente del Gobierno español, compañero inseparable del dictador Franco desde los inicios de la rebelión que le llevó en 1939 al poder. La muerte de Franco en 1975 les evitó de esa condena a muerte que estaba dictada ya antes de un juicio que nunca se celebró.