DECRETO PARA LA REFORMA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Madrid incrementa la flexibilidad y elimina el convenio provincial
El Gobierno español aprobó ayer su reforma de la negociación colectiva que amplía las atribuciones de la patronal introduciendo una mayor flexibilidad interna en las empresas, al tiempo que prioriza los convenios de empresa frente a los provinciales en materia de salarios, jornada, funciones y traslados. El ministro español de Trabajo dijo que el decreto hará que aumente el número de empresas con pacto propio frente al «lunar gris» del convenio provincial.
GARA | MADRID
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros pretende introducir mayor flexibilidad en las empresas para adaptar las condiciones laborales a las circunstancias específicas de las empresas, de forma que «cuando sufran cambios o atraviesen situaciones de dificultad, sea posible su adaptación a las nuevas condiciones». El objetivo de esta medida, según el Gobierno, es «mantener el empleo».
Otra de las facultades que otorga al empresario es la de distribuir de forma irregular hasta un 5% de la jornada anual.
El decreto reserva asimismo la capacidad de ordenar la negociación colectiva a los convenios sectoriales estatales y autonómicos, y deja de reconocer ese papel a los convenios provinciales, que hasta la fecha establecían los derechos básicos para los trabajadores.
Junto a ello, se otorga prioridad a la aplicación de los convenios de empresa frente a los sectoriales o provinciales en materias como salario base y complementos salariales; la retribución de las horas extras y el trabajo a turnos; el horario y distribución del tiempo de trabajo; la adaptación de la clasificación profesional; y la planificación de las vacaciones, entre otros aspectos.
En cuanto a la vigencia de los convenios, en los casos en que un convenio decaiga y se pierda la denominada ultraactividad -que supone la prórroga automática hasta que se pacte uno nuevo-, el decreto fija el plazo máximo para su renovación en una horquilla de entre ocho y catorce meses, en los convenios cuya duración sea de dos años y mayor de dos años, respectivamente.
Para los casos en los que se planteen despidos colectivos en la previsión de pérdidas, establece que los empresarios deberán presentar un informe que las cuantifique y establezca si tienen un carácter permanente o transitorio.
El borrador inicial del reglamento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) decía que la previsión de pérdidas «meramente coyuntural» no podía servir a los empresarios para justificar despidos objetivos. Sin embargo, al final se ha optado por incluir la recomendación del Consejo de Estado, según la cual el empresario deberá acreditar si las pérdidas previstas tienen carácter permanente o transitorio «a efectos de justificar la razonabilidad» de los despidos y conocer si está amenazada la viabilidad de la empresa.
«Más empresas con convenio»
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, defendió que la reforma es «equilibrada, profunda y avanzada», y producirá «un gran rendimiento» porque a medio plazo hará que aumente el número de empresas con convenio propio frente al «lunar gris» del convenio provincial.
Los sindicatos UGT y CCOO lamentaron que el Gobierno haya aprobado de forma «unilateral» la reforma del sistema de los convenios y reiteraron que «no se sienten vinculados» con la misma, al tiempo que confiaron en recuperar la negociación colectiva con la CEOE.
Precisamente, el vicepresidente primero de la CEOE, Arturo Fernández, afirmó que la patronal seguirá negociando con los sindicatos para «mejorar este decreto», y no descartó introducir modificaciones en el proceso de enmiendas.
Fernández dijo que entendía la postura de los sindicatos -a pesar de acusarlos de «arcaicos»-, pero no la del Gobierno, porque cree que ha desaprovechado la oportunidad de acometer una reforma «profunda» de la negociación colectiva.
Los sindicatos vascos ELA y LAB califican la reforma de la negociación colectiva como un grave ataque al ámbito vasco de decisión y reclaman al PNV que vote en contra durante su tramitación.
ELA afirma que la reforma plantea una estructura de negociación «piramidal, donde el sindicalismo español pretende obtener el monopolio para decidir qué y dónde no se va a poder negociar».
Tal planteamiento constituye «un ataque a las mayorías sindicales vascas», puesto que «está en juego nuestro ámbito de decisión».
LAB, por su parte, propone hacer un plante a la reforma y reivindicar un marco vasco de relaciones laborales y protección social. «En Madrid no tienen legitimidad para decidir nada en nombre de los trabajadores vascos», subraya la central abertzale, que sostiene que en Euskal Herria «existe otra forma de hacer sindicalismo diferente a la del Estado».
En cuanto al contenido de la reforma, LAB entiende que «va a cambiar radicalmente el actual modelo de relaciones laborales a favor de la patronal» y que «va a precarizar aún más el mercado laboral».
Considera asimismo que se quiere «individualizar» las relaciones laborales para «debilitar a la clase trabajadora», algo en lo que coincide ELA, que no duda en que el trámite parlamentario «se va a aprovechar para empeorar» el proyecto aprobado ayer. Acusa al Gobierno de Zapatero de dar a la patronal todo lo que ha venido exigiendo. GARA
