El informe «La tortura en el Estado español» referido a 2010, que fue presentado ayer en Valladolid por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPT), constata que en Hego Euskal Herria las denuncias por esta práctica han aumentado.

Así, si en 2009 hubo 104 denuncias, su número se ha incrementado hasta las 132 en 2010. La CPT subraya que la práctica de la incomunicación de los detenidos crea un territorio opaco que permite estos hechos. En este sentido, el informe recoge que, de los 69 ciudadanos vascos que fueron incomunicados tras ser detenidos, 57 denunciaron haber sido objeto de malos tratos y tortura a manos de la Policía española (17), Ertzaintza (14) y Guardia Civil (26).

Jorge del Cura, portavoz de la CPT, destacó a GARA otro dato que subraya la relación entre incomunicación y tortura. «Se observa que, de las 69 personas que fueron detenidas e incomunicadas el año pasado, únicamente a diez se les aplicó el protocolo de Garzón de protección frente a los malos tratos. De estas diez personas, sólo denunciaron amenazas, vejaciones y abusos dos. Mientras, la práctica mayoría de las otras 59 denuncia haber sido objeto de agresiones. Es cierto que el protocolo es muy limitado y no cumple los mínimos internacionales, pero es una pequeña limitación a la actuación de la Policía o la Guardia Civil. Es por eso por lo que los jueces no quieren aplicarlo», explicó.

Del Cura comentó también que «es muy significativo que la inmensa mayoría de los incomunicados fueron detenidos por orden de los juzgados de la Audiencia Nacional que no aplican sistemáticamente el protocolo o cuando éstos se encontraban de guardia. En concreto, hablamos del Juzgado Central de Instrucción número 3», cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska.

«De hecho, en lo que llevamos de 2011, todas las personas que han sido incomunicadas han sido detenidas bajo la dirección, de una u otra forma, de este Juzgado que no aplica el protocolo. Creo que es muy significativo que los guardias civiles y los policías nacionales actúen cuando saben que no tienen ninguna cortapisa», añadió Del Cura.

El portavoz de la CPT recordó que son numerosos los organismos internacionales que han reclamado al Estado español que acabe con la incomunicación como modo de terminar con la impunidad de la tortura. «El informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, publicado en marzo pasado con cuatro años de retraso, no pide específicamente la abolición del régimen de incomunicación, pero sí una modificación legislativa para poder garantizar los derechos de los detenidos. Junto a ello, en noviembre del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU volvió a insistir al Estado español que debía derogar la incomunicación o al menos modificarlo sustancialmente. La respuesta del Estado español fue un rechazo absoluto y la descalificación de los expertos que proponían esa abolición», señaló.

Junto a ello, Del Cura subrayó que las denuncias de torturas siguen sin ser investigadas por los jueces. En este contexto, indicó que la única investigación seria que se ha llevado a cabo, la de la denuncia presentada por Igor Portu, se hizo en Donostia y no en Madrid. Por ello, considera que los traslados de los detenidos a Madrid tiene también como objetivo bloquear estas denuncias. Como elemento positivo, citó que algunos abogados de oficio han protestado por el trato al que se ha sometido a los incomunicados.