La última crisis económica mundial, provocada por el ansia de beneficios a toda costa y la falta total de ética de los gestores del sistema financiero, ha vuelto a poner de actualidad las dos características que debe reunir el mercado de crédito para ser justo y eficiente.

La primera es que la casi totalidad del sector bancario debe ser público, salvando una pequeña porción en manos de cooperativas de crédito y otras instituciones sin ánimo de lucro personal. No se puede seguir dejando que los usureros decidan en contra de los intereses de la gran mayoría de la humanidad.

Porque eso es lo que hacen en su apuesta por desarrollos insostenibles, infraestructuras faraónicas, créditos a la carrera de armamentos y al mercado de las armas, apoyo a las nucleares y los transgénicos, a políticas fiscales y laborales regresivas... y un largo etcétera, todo con el fin de amasar fortunas obscenas. Cuando sus excesos se han vuelto delirantes, estos aprendices de tíos gilitos llevan su descaro hasta pedir la nacionalización de la banca (y de sus deudas) como ha pasado en Irlanda, con el fin de socializar las pérdidas antes de iniciar un nuevo ciclo de privatización del crédito.

Pero constatamos continuamente que el carácter público del sector es insuficiente. Una casta parasitaria de políticos sin escrúpulos puede ser igual de depredadora que la tradicional oligarquía financiera. Y así hemos visto la quiebra de las cajas de ahorros estadounidenses en tiempos de Reagan o Bush padre, o bastante más cerca geográficamente las tropelías de los consejeros de Caja Castilla La Mancha y de tantas otras.

De ahí surge la segunda característica necesaria: Una transparencia total y la elección del Consejo directamente por los impositores, sin que sea de recibo que su voluntad se vea secuestrada por representantes nombrados por las instituciones políticas.

Pues bien, cuando la propia crisis de la que hablábamos ha hecho inevitable la fusión de nuestras cajas de ahorros (¡cuánto camino sin recorrer desde aquella federación vasco-navarra de cajas y embarcada ya la navarra en un rumbo reaccionario!), esperábamos que por lo menos los clientes tuviésemos oportunidad de elección, que pudiesen escoger una entidad que profundizase en los dos aspectos señalados.

Pero ni por esas, la ley sobre las cajas de ahorros vascas ahonda en la opacidad (la llaman «profesionalidad») y en sustituir a los impositores por representantes políticos para dificultar todo tipo de control ciudadano.

Esto queda patente tras el 22-M, ya que las tres cajas parecen querer acelerar ahora su bancarización, con al menos dos claros objetivos: impedir que el voto recogido por Bildu, en Gipuzkoa sobre todo, dibuje un nuevo mapa en las asambleas de las tres entidades y evitar, al mismo tiempo, la nueva Ley de Cajas. Es cuando menos alarmante la nula representatividad del voto ciudadano en las actuales asambleas de BBK, Kutxa y Vital, y ahora calientan motores antes de que puedan trasladarse los resultados electorales a los ámbitos de decisión de las mismas.

En el terreno de los hechos, la ideología neoliberal se impone. En vez de crear una caja vasca con fuerte identidad pública, se avanza hacia una «fusión fría» que diluya el carácter público en una entidad cada vez más cercana a la concepción de un banco privado. Y los partidos unionistas también se han impuesto en el otro aspecto, sustituyendo lo que se convertiría en una nueva seña de identidad vasca por la yuxtaposición de tres provincianismos paletos a mayor gloria de sus mentores.

O sea que, gracias a ellos y al entreguismo de los «foralistas» del PNV, seguiremos sin enterarnos de muchas cosas. Porque ¿Cuánto ganaron las cajas por la venta de su participación en Airtel? ¿Cuántos impuestos pagaron por ella y en qué invirtieron los beneficios? ¿Quiénes decidieron elevar las comisiones para pasar de ser las cajas que menos cobraban a ser de las más careras del Estado? ¿Quiénes y cómo deciden que la obra social no se limite a suplir las carencias sociales del Estado?...

Y por cierto, no nos oponemos a una muy moderada expansión de las cajas fuera de su ámbito natural, ya sea para prestar servicio a los vascos y vascas que viajan por el mundo, ya sea para extender un «saber hacer» sostenible y alternativo a los de la banca tradicional. Pero no parece ser el caso cuando se abren oficinas basándose en la promoción de segundas residencias.

Y máxime cuando esas promociones conllevan compartir mesa y mantel con delincuentes de altos vuelos, mezclarse con ayuntamientos que perpetran barbaridades urbanísticas y financian infraestructuras contrarias a cualquier criterio de sostenibilidad ecológica.

Se está aprovechando la crisis no para avanzar hacia un cambio progresista sino para implementar una regresión neoliberal que, además, no podrá ser reconducida en los próximos diez años.

Eso supone el proyecto de fusión fría.

Si en la comunidad científica está aceptada la idea de que la fusión fría nuclear no estará lista ni servirá para justificar el desastre medioambiental, esperamos que la sociedad vasca llegue a una conclusión similar sobre este engendro frío... aunque tarde diez años.