La Asociación Europea de Juristas por la Democracia y los Derechos Humanos en el Mundo (ELDH, siglas en inglés) ha apelado al Tribunal Constitucional español a «dar una oportunidad al proceso de paz por medio de una pronta decisión» que permita que Sortu pueda ser legal.

En el mismo sentido, ELDH se dirige al Gobierno español y a los partidos para pedirles que «no pongan en peligro la necesaria independencia de la máxima instancia judicial por medio de presiones políticas».

Además, solicita a la Unión Europea que, «en caso de ser necesario, recuerde al Gobierno español la necesidad de cumplir las obligaciones derivadas de la Carta Fundamental de Derechos de la UE, recogida en el Tratado de Lisboa, en particular lo referido a los derechos civiles y políticos».

Junto a ello, ELDH destaca que «da la impresión de que los requerimientos para la ilegalización de Sortu planteados por el Gobierno español estaban guiados por argumentos políticos y tácticos y no por argumentos legales» y recuerda que siete jueces del Tribunal Supremo mostraron su disconformidad ante la ilegalización de Sortu frente a los nueve que defendieron esta medida.

Asimismo, esta asociación de juristas europeos destaca que, a la hora de tramitar el registro como partido político en el Ministerio del Interior, «Sortu presentó sus estatutos, donde sin ambigüedades rechaza el uso de la violencia para el logro de los objetivos políticos. En este contexto se refiere explícitamente a la violencia ejercida por ETA. Expresa asimismo claramente su intención de no permitir la continuación de cualquiera de los partidos ilegalizados por el Tribunal Supremo».

Junto a ello, ELDH recuerda que en febrero, cuando Sortu presentó sus estatutos, ya emitió un comunicado en el que subrayaba que la nueva formación abertzale manifestó ya entonces claramente «el rechazo del uso de la violencia para el logro de fines políticos».

Además, ELDH subraya que «los mismos motivos que permitieron al Tribunal Constitucional legalizar a Bildu deberían aplicarse del mismo modo a Sortu», señalando que los jueces de este tribunal «declararon que no había evidencias suficientes para probar que Bildu fuera heredera de Herri Batasuna, ilegalizada en 2003, y que conforme al artículo 23 de la Constitución española, Bildu tenía derecho a participar en las elecciones locales. Tras ello, las 254 candidaturas de Bildu pudieron participar en las elecciones del pasado 22 de mayo».

En este sentido, la asociación de juristas europeos recuerda que, tras ser ilegalizado por el Supremo, Sortu recurrió al Constitucional, «pero no fue posible obtener una decisión a tiempo, antes de las elecciones locales y provinciales».