La renuncia de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) Eugeni Gay, Javier Delgado y Elisa Pérez Vera, cuyo mandato concluyó en noviembre, tras una etapa convulsa en el Alto Tribunal en la que la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas, ha provocado una situación desconocida en la historia de este órgano. El presidente del TC, Pascual Sala, rechazó la renuncia presentada por los tres magistrados en protesta por la falta de acuerdo para su renovación, por lo que deberán continuar en sus cargos hasta ser renovados por el Congreso español.

Gay, Delgado y Pérez Vera llegaron al TC en 2001 designados por el Congreso y, transcurridos los nueve años que establece la Constitución, su mandato concluyó en noviembre.

Desde entonces han permanecido en su puesto «en funciones» esperando que un acuerdo entre PSOE y PP pusiera fin a esa inédita «interinidad», pero no han sido capaces de lograr un consenso para elegir a los candidatos que corresponde renovar al Congreso. El acuerdo entre ambos es imprescindible para que los nombres propuestos cuenten con el aval de tres quintos del Congreso.

En el Senado, por el contrario, los grupos sí alcanzaron un consenso para renovar parcialmente el TC, aunque lo hicieron en diciembre con tres años de retraso. El 11 de enero llegaron los cuatro nuevos magistrados designados por la Cámara Alta.

Su toma de posesión también se vio retrasada ante la incapacidad del PSOE y el PP de pactar los cuatro candidatos del Congreso, aunque finalmente ambos, enrocados en sus posiciones, decidieron que la renovación del TC fuera parcial y no en bloque.

Ahora parece que Gay, Delgado y Pérez Vera no quieren que su situación se prolongue durante años, como ocurrió con sus compañeros designados por el Senado, y han preferido presentar su renuncia -no aceptada- para forzar un acuerdo aun dejando una vez más en evidencia a los partidos políticos.

El PSOE ve en la renuncia de los tres magistrados un «llamamiento al PP» para que muestre «voluntad clara» de renovar el Alto Tribunal, mientras que el PP, por boca de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, interpretó que esas dimisiones ponen de manifiesto que fue una «equivocación» permitir que Bildu pudiera presentarse a las elecciones y ponen en evidencia la carencia de liderazgo del Gobierno español.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, lamentó que los tres magistrados no tomaran esa decisión antes de dictar su auto en favor de la legalización de Bildu, para «evitarnos la indignidad».