La crisis desatada estos días en el Tribunal Constitucional, con la renuncia inadmitida de tres magistrados, no hace sino mostrar una realidad que, por otra parte, hace tiempo que no pasa desapercibida para nadie: el sistema judicial español está viciado de raíz por intereses políticos. El cruce de acusaciones que se está produciendo entre los dos principales partidos del Estado, que sucede a la campaña político-mediática contra los seis magistrados que dieron luz verde a Bildu, no es sino el último capítulo de una historia con muchos más componentes políticos que jurídicos.

Si la Audiencia Nacional es un tribunal especial, sucesor del franquista Tribunal de Orden Público; si en el Tribunal Supremo y el Constitucional -que no es estrictamente un órgano judicial, sino el máximo intérprete de la Constitución- sus miembros se dividen entre «conservadores» y «progresistas» y en sus fallos hacen honor a esas etiquetas; si PP y PSOE se pelean y hacen las trampas que hagan falta para nombrar a los jueces que más les convienen; si esos mismos partidos pretenden condicionar sus decisiones y critican las que no les gustan, ¿quién puede sostener que en el Estado español hay independencia judicial? Sinceramente, nadie. Lo peor de todo es que esos mismos tribunales son los encargados de tomar decisiones que afectan a la vida política de Euskal Herria.