El juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y sus respectivos vástagos -cinco cada uno-, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

El caso salió a la luz en mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Tributaria española sobre una serie de personas con fondos en cuentas del banco suizo HSBC Private Bank Suisse, entre las que estaban los denunciados, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio entre 2005 y 2009.

Un portavoz de la familia Botín aseguró ayer que ésta ya realizó una regularización «voluntaria y completa» de sus declaraciones y que «está al corriente de todas sus obligaciones fiscales». El montante abonado al fisco estaría en torno a los 200 millones de euros.

Dichas regularizaciones están siendo comprobadas por la Hacienda española, pero dada la abultada documentación que contienen -el origen de las cuentas suizas se remonta a 1936-, Anticorrupción ha optado por judicializar el caso para evitar que prescriban las actuaciones relativas al ejercicio 2005, lo que se iba a producir el próximo 30 de junio. La Fiscalía ya recordó ayer que, en el caso de que las regularizaciones sean «completas y veraces», se archivarán las actuaciones.

En su auto, el juez Fernando Andreu señala que el hecho de que la familia Botín realizase dichas regularizaciones «podría suponer el reconocimiento de un incumplimiento de las obligaciones tributarias», aunque «podría no ser punible desde un punto de vista penal» si se comprueba que las regularizaciones son correctas. En caso contrario, la pena sería de entre uno y cuatro años de cárcel.