Catalunya está liderando la carrera de recortes sociales que, previsiblemente, se extenderá a todo el Estado español. Una política del «tijeretazo» que tuvo que ser reconocida por el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, que no solo sacó pecho para justificar la drástica reducción de partidas presupuestarias en cuestiones tan sensibles como la Educación, la Sanidad o la cobertura social, sino que llegó a lamentarse por el hecho de que otros gobiernos estatales no hagan lo mismo.

El ruido mediático de la semana se ha centrado en cuestionar la legitimidad de las protestas frente al Parlament. Una maniobra que hecho pasar desapercibido el fenómeno que podría marcar el futuro político tanto en el Principat como al otro lado del Ebro: la PPvergencia, la alianza entre las derechas catalana y española y que, bajo la excusa de la austeridad, llega a poner en duda las garantías del Estado del Bienestar. «Estamos ante los recortes más significativos de los últimos 30 años», alertaba, en declaraciones a GARA, el periodista de La Directa David Fernández, que recordaba que serán las primeras cuentas decrecientes que se aprueban en el Principat después del franquismo. Con un descenso general del 10%, los primeros presupuestos de CiU después de siete años de tripartit incluye una reducción del gasto de 2.680 millones de euros. Aunque las rebajas no afectan a todos los departamentos por igual. Interior, con un 6´4% menos presupuestado, es la consellería que menos se ha tocado. Sanidad, con un recorte del 6´5% (lo que se traduce en 900 millones de euros menos), Educación, con un 7´5%, o Bienestar, con un 10%, tendrán que disminuir sus servicios ante el descenso de su financiación.

Sin embargo, el «tijeretazo» de CiU no se limita a las cuentas. El pack antisocial promovido por el gobierno de Artur Mas viene acompañado por la ley de medidas fiscales y financieras y la ley Ómnibus, que modificará, sin debate parlamentario, más de 80 normas actualmente en vigor y que afectan, nuevamente, a temas básicos como la vivienda, la sanidad, la educación o la protección medioambiental. En palabras de Jordi Bonet, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), «se trata de una ofensiva neoliberal que destruye el modelo de cohesión social y Estado del semibienestar» que se había mantenido vigente incluso desde los gobiernos de Jordi Pujol. «Nos sentimos cómodos en el debate servicio público, gestión privada», alardeaba esta misma semana Francesc Homs, durante su participación en una conferencia promovida por la escuela de Negocios IESE, vinculada a la Universidad de Navarra, en manos del Opus Dei. El portavoz de la Generalitat, que llegaba a hacer malabarismos con las palabras para asegurar que la entrada de capital privado en los servicios públicos «no es sinónimo de privatización», esgrimía el argumentario que sus compañeros de escaño ya preparan sobre el papel. «La ley Ómnibus prevé que, cuando alguna planta hospitalaria se cierre, pueda ser reabierta bajo gestión de una empresa privada», alertaba Jordi Bonet. Una tendencia que podría extenderse a ámbitos como la Educación.

Los recortes y la privatización no es la única apuesta estratégica de CiU. La cultura del ladrillo tiene su propio apartado en el paquete de medidas impulsadas por los convergentes. Por una parte, facilitando que espacios hasta ahora protegidos puedan ser edificables y, por otra, dando marcha atrás en leyes aprobadas durante los años del Tripartit, como la que permitía la expropiación de viviendas vacías. La reducción de cobertura social para las familias más desfavorecidas (especialmente las inmigrantes) o la supresión de medidas destinadas a evitar la especulación forman parte de un ilimitado paquete de medidas neoliberales.

Pacto del Majestic II

Los medios han prestado poca atención al contenido de las reformas impulsadas por CiU. Pero todavía se ha hablado menos sobre quién ha sido su socio. La abstención del PP (y el voto marginal de Joan Laporta) permitió que los convergentes rechazasen las enmiendas a la totalidad presentadas por toda la oposición (PSC, ICV, ERC, SI y C´s). Un trámite a la espera de que las cuentas del «tijeretazo» se aprueben definitivamente el martes. A estas alturas, nadie duda de que el Principat tiene sobre la mesa la reedición del Pacto del Majestic que firmaron Jordi Pujol y José María Aznar en 1996. Aunque, al contrario de lo que ocurrió entonces, nadie ha salido en público para explicar la alianza derechista.

Resulta lógico pensar que el apoyo «popular» en Barcelona deberá de tener su contrapartida convergente en Madrid. No se puede olvidar que, hace apenas tres semanas, Rajoy ya advertía en el diario «El País» de que: «tendremos el Estado de Bienestar que podamos». Así que CiU podría convertirse en su socio preferente en caso de que no lograse la mayoría absoluta.

Curiosamente, en una legislatura marcada por el debate soberanista (consultas, histórica manifestación del 10 de julio en Barcelona) y en la que la derecha española convirtió el anticatalanismo en una de sus banderas, CiU ha sido capaz de salir sin un rasguño de su renovada alianza con el partido liderado por Mariano Rajoy. No solo eso, sino que ya esgrime un discurso autoritario del «conmigo o contra mí» que va desde cuestionar «por patriotismo» a todos aquellos partidos que rechazaron los presupuestos hasta criminalizar a los movimientos que salieron a la calle contra los recortes.

Hoy, manifestación

En este sentido, hoy tendrá lugar una nueva manifestación que, bajo el lema «La calle es nuestra, no pagaremos vuestra crisis», saldrá de la Plaça de Catalunya a las 17.00 horas. A pesar de tener un carácter internacional, la movilización de Barcelona supondrá la reválida para un movimiento que ha sufrido una fuerte campaña de criminalización. Pero, al contrario de lo que ha sugerido buena parte del stablishment mediático, este no es un movimiento que surja de la nada. La paralización de deshaucios o las protestas en los hospitales no llegaron con el 15-M. Y ante la imposición de la agenda neoliberal PPvergente, no parece que vayan a frenarse.