Yolanda Barcina, en representación de UPN, y Roberto Jiménez, en nombre del PSN, suscribieron ayer un acuerdo de Gobierno que en la práctica obliga a ambos partidos y sus grupos parlamentarios a actuar al unísono en su acción política en Nafarroa. Todo lo relacionado con las políticas del Ejecutivo foral o que puedan afectar a éste deberán ser acordadas por ambas formaciones, con la evidencia de que UPN cuenta con 19 escaños y el PSN con 9.

El pacto firmado en la sede del Parlamento contiene en sus trece folios numerosas generalidades y pocas concreciones, que quizá puedan ampliarse en el discurso que mañana realizará Yolanda Barcina en el pleno de investidura.

En el ámbito del modelo institucional, UPN y PSN reafirman su defensa de marco constitucional y del amejoramiento, y añaden que «promoverán el impulso y la proyección interna y externa de su imagen, símbolos y autogobierno».

Además, con un discurso que recuerda a tiempos anteriores, ambos partidos muestran su disposición al acuerdo con «los grupos que defiendan los principios democráticos frente a quienes en nuestra sociedad están en connivencia con los violentos, la discriminación por razones de pensamiento y la violación de derechos y libertades».

Recortes y ayudas

Pero si en algo incidieron Yolanda Barcina y Roberto Jiménez a la hora de defender su pacto es en la necesidad de un «gobierno estable» que pueda hacer frente en Nafarroa a la situación de crisis económica.

La receta, jalonada de los más diversos planes y mesas, viene a resumirse en el impulso de los granes proyectos de infraestructuras (TAV, Canal de Navarra, vías de alta capacidad), para los que no se prevén recortes; la aplicación de las medidas de contención del déficit en los parámetros dictados por Madrid y Bruselas y que están teniendo especial incidencia en el gasto social; y el apoyo al empresariado con mayores exenciones fiscales y la reconversión de algunas de ellas en subvenciones directas.

En este contexto, y colocado justo en medio de un listado de medidas, como si fuera una más, el nuevo Gobierno de UPN y PSN se compromete a la «participación, seguimiento y adecuación territorial de las políticas estatales y europeas de reducción del déficit público, de estabilidad y de reformas estructurales para la salida de la crisis y el aumento de la competitividad de la economía». Esto supone hacer suyas las políticas de Zapatero y las dictadas por la UE y el FMI.

Resulta también llamativo que cuando el pacto habla de «avanzar hacia un sistema fiscal justo y competitivo», lo que se proponga en ese párrafo se la «puesta en marcha inmediata de la exención por reinversión», aunque sea exigiendo que esa reinversión sea de carácter empresarial y no financiero.

El acuerdo contempla también el «estímulo fiscal del ahorro productivo» y el estudio de una «posible reducción progresiva del tipo de gravamen del Impuesto de Sociedades».

Entre los puntos que puede contar con una buena venta mediática se encuentra la reducción en un 15% de los cargos de libre designación, de la estructura orgánica de la Administración y de los gastos de representación y de libre disposición de los consejeros y altos cargos.

En materia lingüística se apoya el desarrollo del inglés como otro modelo lingüístico, al tiempo que al mencionar el euskara se acompaña de las palabras «despolitización, libertad y no imposición».

Aborto, primera fricción

El pacto alcanzado por UPN y PSE contempla en su apartado de salud que se «garantiza efectivamente el derecho a recibir todas las prestaciones sanitarias, contempladas en la normativa vigente y en la cartera de servicios del sistema sanitario público en Navarra».

Esto dio lugar a que en el turno de preguntas se introdujera la cuestión del aborto y a que se produjera la primera fricción pública entre Yolanda Barcina y Roberto Jiménez. Mientras el dirigente del PSN aseguraba que «en Navarra se va a poder abortar», la futura presidenta del Gobierno foral le corregía de inmediato para apuntar que «nada va a cambiar» sobre la situación actual. Preguntada por si las mujeres navarras tendrán que seguir acudiendo a otras comunidades para abortar, Barcina respondió que «ya hay una clínica privada en Ansoain». Mientras Jiménez insistía en que el aborto es una «prestación sanitaria», su presidenta zanjaba la cuestión y daba paso a otra pregunta.

El pleno para la investidura de Yolanda Barcina se celebrará mañana y comenzará a las 9,30 de la mañana. Su elección está asegurada por los 28 votos que suman UPN y PSN. La nueva presidenta tomará posesión de su cargo el viernes 1 de julio y los consejeros de su Gobierno accederán a sus puestos al día siguiente. UPN tendrá cinco consejeros y el PSN tres, uno de los cuales será vicepresidente.