Los dirigentes del PSOE -especialmente los que tienen responsabilidades en los distintos departamentos de Interior- y los del PP continúan alimentando la polémica creada ante la decisión de los ayuntamientos de Andoain y Lasarte-Oria, regidos por Bildu, de impedir la entrada de escoltas armados a dependencias municipales.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jaúregui, afirmó ayer que el Gobierno del PSOE no va a permitir que haya la más mínima duda en la seguridad de las personas y añadió que, si hace falta una reforma legal, se hará, aunque a renglón seguido opinó que no hace falta. El pasado viernes, el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió de que, si lo cree conveniente, presentaría una reforma legislativa al Consejo de Ministros «en una semana».

No obstante, más allá de la polémica política, todavía no hay ningún dato que haga prever que se den esos pasos. Ayer mismo, el fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro, informó de que no tiene constancia de ninguna denuncia por la prohibición de la entrada de escoltas en edificios municipales en localidades gobernadas por Bildu. Subrayó que los alcaldes tienen «la obligación» de garantizar la seguridad de los ciudadanos, y «más de los concejales», en este tipo de instalaciones, pero también dijo desconocer «qué base tienen para prohibir o para no prohibir».

Más contundente y sin ninguna referencia a la legalidad se mostró la portavoz del PP en el Parlamento español, Soraya Sáenz de Santamaría, quien reclamó a Rubalcaba que «se atenga a sus propias palabras» y garantice la seguridad de los concejales de PSE y PP en Euskal Herria.

Interior y Justicia

Rubalcaba avanzó ayer mismo que los ministerios de Interior y Justicia ya están analizando el informe jurídico emitido por el Ayuntamiento de Andoain que justifica la prohibición de que los escoltas privados accedan a las instalaciones municipales.

«Si para garantizar la seguridad de los concejales tenemos que modificar la Ley de Bases del Régimen Local, lo haremos con toda celeridad y por la vía de urgencia -insistió-, y creo que podremos contar con el apoyo parlamentario».

Según recogía la agencia Efe, el informe emitido por el secretario del Ayuntamiento de Andoain establece que dentro de los edificios municipales compete a la alcaldesa «dictar las resoluciones oportunas para garantizar la seguridad de los lugares públicos».