El ex presidente de Túnez, Zine Eli Abidine Ben Ali, se ha convertido en el primer jefe de Estado juzgado tras ser derrocado por las revueltas en el mundo árabe. El lunes fue condenado a 35 años de prisión, la misma pena que recibió su esposa, Leila Trabelsi, a la que además se impuso una multa de 91 millones de dinares (45 millones de euros) por malversación de fondos públicos. Ambos se refugian en Arabia Saudí.

«Tras menos de dos horas de audiencia, el tribunal ha anunciado una pena jurídicamente insensata pero políticamente oportuna», declaró el ex presidente en el comunicado en «Le Figaro». Ben Ali agregó que «al término de una parodia de justicia, cuyo único mérito fue la brevedad», se le impuso una pena para eliminarle.

La rapidez del juicio tampoco tranquiliza a la oposición, que cree que se trata de «ofrecer algo al pueblo» para aparentar que se lleva a cabo un proceso de transición que, en realidad, estaría estancado.

Así, Mouhieddine Cherbib, del Comité para el Respeto de las Libertades y Derechos Humanos opina que «es una gran decepción, una mascarada de justicia expeditiva a la que la dictadura nos tenía acostumbrados». Kemais Ksila, secretario general de la Liga Tunecina de los Derechos Humanos, destaca, en cambio, que se está al comienzo del proceso y que «hay que dar tiempo a la justicia», en referencia a los juicios que esperan a Ben Ali.

Esta primera sentencia se refiere a las sumas de dinero y joyas de gran valor halladas en su residencia. La vista por posesión de armas y consumo y tráfico de drogas se retrasó el 30 de junio. Más tarde, una jurisdicción militar le juzgará por otros 35 delitos, entre ellos homicidio voluntario, abuso de poder y complot contra la seguridad del Estado.

Lucha de poder

Para Khadija Mohsen-Finan, investigador especialista de Magreb a la Universidad de París VIII, «era necesario que condenaran a Ben Ali para dar algo a la población y decir que aún se está en la lógica revolucionaria» pero cree que las autoridades no han puesto los medios para el éxito del proceso».

Béatrice Hibou, directora de investigación en el Centro de Estudios e Investigaciones Internacionales de París, cree también que «este juicio es un pretexto para poner de manifiesto que se hace algo». «Túnez se encuentra en una lucha de poder entre el movimiento social y el sistema que quiere seguir, libre de las formas más graves de depredación y represión», afirmó, señalando que «en el gobierno, la administración y la justicia, están gran parte de los miembros del antiguo régimen, aún en sus puestos».