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El rechazo parlamentario a la tortura pasa por alto la incomunicación

La Cámara de Gasteiz aprobó ayer una enmienda transaccional en la que se reitera el rechazo a la tortura y se solicita que las denuncias por malos tratos sean investigadas por la Fiscalía hasta el final. Sin embargo, tal como señaló el portavoz parlamentario de Eusko Alkartasuna, Juanjo Agirrezabala, en la misma no se critica la incomunicación de los detenidos, una práctica que posibilita los malos tratos y supone la «raíz del problema».

Ion SALGADO | GASTEIZ

La Cámara de Gasteiz reiteró ayer su rechazo «más rotundo» a la utilización de la tortura, de los malos tratos y de la vejación a los presos políticos vascos. Sin embargo, los partidos presentes en el Parlamento no incidieron sobre el régimen de incomunicación, una práctica criticada por distintas asociaciones de derechos humanos dado que propicia la existencia de torturas en los calabozos.

El rechazo, recogido en una enmienda transaccional firmada por PNV, PSE, Aralar y UPyD, y apoyada por EB, fue criticado por EA y PP. Dos formaciones que, por motivos opuestos, prefirieron abstenerse.

En palabras del portavoz abertzale, Juanjo Agirrezabala, la enmienda presentada recoge principios básicos contra la tortura, pero no incide en el verdadero problema: la incomunicación.

Desde la ONU al Ararteko apuestan por la derogación de la incomunicación como forma de preservar los derechos de las personas detenidas.

Justo lo contrario opinó el PP. Para el parlamentario Carlos Urquijo, la enmienda transaccional aprobada esconde «entre líneas» la derogación de la inco- municación contra los detenidos por motivos políticos. Se trata de una tesis dudosa atendiendo a los puntos de la enmienda, en los que no se desaprueba la incomunicación, sino que se solicita «una especial» prevención en la detención incomunicada, «mientras ésta persista».

Entre el resto de puntos, cabe señalar que la enmienda reconoce la existencia de torturas. Sin embargo, en la misma se recoge que «no son sistemáticas», una matización que fue recordada en la sala en multiples ocasiones por el parlamentario Jesús Loza (PSE).

Es más, durante su intervención ante los grupos presentes en el hemiciclo, el parlamentario del PSE subrayó que los presos vascos denuncian torturas de «forma espuria», como el Estado sostiene habitualmente

Esta postura que fue criticada por los partidos abertzales, ya que, tal como recordó la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, miles de personas han sufrido torturas en Euskal Herria. A su vez, Agirrezabala destacó que incluir dicha premisa en la enmienda supone un «prejuicio» para cualquier investigación.

Por ello, en la transaccional aprobada se solicita a la Fiscalía que «extreme el celo» en la investigación de todas las denuncias. Se subraya que las demandas deben ser tomadas en consideración «hasta el final».

Además, en la enmienda se insta a Lakua a estudiar y seguir incorporando nuevas medidas de prevención a los protocolos de actuación policial vigentes desde el año 2003. A este respecto, la Cámara solicitó la toma en consideración de las sugerencias realizadas por los diferentes agentes internacionales y por los informes del Ararteko. Todas las «sugerencias», a excepción del fin de la incomunicación.

«Un paso»

Para Aralar, grupo que aprovechó su intervención para denunciar la incomunicación, el acuerdo alcanzado ayer en la Cámara de Gasteiz debe ser valorado positivamente como «el primer paso» para acabar con las torturas en Euskal Herria.

Por su parte, el parlamentario jeltzale Mikel Martínez explicó que la enmienda aprobada constituye «un síntoma esperanzador hacia la normalidad política».

«Defender la incomunicación supone defender la tortura»

Durante su intervención, el parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, afirmó que apoyar la incomunicación de los detenidos suponía defender la tortura de los mismos. Una expresión que no gustó en la filas del PP, un partido que defiende la incomunicación con la excusa de prevenir la huida de presuntos colaboradores y evitar la destrucción de pruebas.

El parlamentario conservador Carlos Urquijo reclamó la retirada de dichas palabras a Agirrezabala, quien manifestó que no pensaba cambiar su idea, ya que, como él mismo explicó, la incomunicación tras ser detenido aumenta las posibilidades de sufrir torturas en las dependencias policiales.

Por su parte, el parlamentario del PNV Mikel Martínez subrayó que dicha posibilidad de sufrir malos tratos estaba relacionada con el cuerpo policial que ejerce la detención.

Por ello, propuso «homogeneizar» los protocolos de actuación de las distintas policías presentes en Euskal Herria, con el objetivo de garantizar los derechos de los detenidos y evitar las agresiones por parte de los funcionarios públicos. I. S.

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