Se autorrepresentan como los «demócratas de toda la vida» y reivindican los principios de la democracia delegada, pero no soportan el resultado de los comicios cuando la aritmética electoral no les sale. Son los grandes perdedores de las elecciones del 22-M. Ensalzan la grandeza de la alternancia política, pero siempre dentro de un orden para no alterar el cuadro de poder vigente ni perjudicar el actual reparto de intereses.

Los intereses que están en juego son muchos y muy variados. Algunos responden al conflicto entre proyectos ideológicos e identitarios contrapuestos; en otros casos, la rivalidad enfrenta intereses partidistas por ampliar las cuotas de poder y gestión. Pero tampoco podemos olvidar los sustanciosos intereses económicos que se esconden detrás de algunos proyectos calificados de «estratégicos», a pesar de estar en entredicho la utilidad social, la sostenibilidad medioambiental y la viabilidad económica de los mismos.

Por esa razón, ahora que llega la hora de los pactos postelectorales, comienzan a alzarse las primeras voces de alarma, reclamando sensatez y responsabilidad en aras a mantener la estabilidad económica. Aunque no queda muy claro de qué estabilidad económica están hablando.

No sabemos si se refieren al entorno económico que tras largos años acumulando desequilibrios, desigualdades e injusticias nos ha sumido en la mayor crisis económica de las últimas décadas o a la opción elegida para salir de la crisis en base a la destrucción de empleo, la rebaja de salarios, el recorte del gasto público (en sanidad, educación, prestaciones sociales y gasto social en general), la reducción de las pensiones y el ataque a los derechos laborales.

¿Para qué mantener una «estabilidad económica» que nos convierte en víctimas de su sistema financiero, de su modelo productivo, de su política de (des)empleo y precariedad, de sus prácticas de contratación, de una fiscalidad diseñada al capricho de los intereses empresariales y en beneficio de las rentas del capital?

Sería más conveniente cambiar las políticas económicas que además de imponer duros sacrificios a la clase trabajadora y a los sectores populares, se han demostrado ineficaces para remontar la crisis.

Pero puestos a crear alarma social, esta masa coral de perdedores invoca también la necesidad de garantizar la estabilidad política e institucional; seguramente, para que todo siga igual. Y cabe suponer que se refieren a la estabilidad política e institucional que hasta ahora les han proporcionado la Ley de Partidos y el apartheid político.

Por el contrario, lo que está demandando una amplía mayoría de nuestro pueblo son cambios políticos y sociales reales. Así lo demuestran los cientos de miles de votos que han premiado el esfuerzo de quienes han apostado por la acumulación de fuerzas con más sensibilidad social y de izquierdas, que han recompensado el trabajo y la valentía de quienes están contribuyendo de forma unilateral a la construcción de un escenario de paz y de soluciones democráticas en Euskal Herria.

Estabilidad y cambio se me antojan palabras antónimas. Y así lo ha entendido también una gran mayoría social. El hartazgo frente al actual estado de cosas reclama una auténtica transformación política y social que no podrán detener ni con más represión ni con macrojuicios. Por tanto, que no nos roben la esperanza y, sobre todo, no dejemos que arruinen esta oportunidad.

Aprovechemos las potencialidades que nos ofrece la apertura de este nuevo ciclo político. Y asumamos con responsabilidad la tarea de implicarnos en un proceso de cambios que debería estar abierto a la participación de la ciudadanía y de todos los agentes sociales