La consejera de Empleo del Gobierno de Lakua, Gemma Zabaleta, compareció ayer a petición propia ante la correspondiente comisión del Parlamento de Gasteiz para explicar los pormenores de la transferencia de la Inspección de Trabajo, acordada por el Gobierno español y el grupo parlamentario del PNV en Madrid y que vio la luz verde el pasado 26 de mayo.

Casi un mes más tarde, el 22 de mayo, el lehendakari Patxi López, como máximo representante del Ejecutivo autonómico, ponía la rúbrica oficial a la llegada de ésta y otras diez competencias. Será el 1 de enero de 2012 cuando se haga efectiva la gestión de Lakua sobre la Inspección de Trabajo.

En la actualidad, la plantilla de la inspección del Estado español en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa está compuesta por 222 personas, de las que 54 son inspectores de trabajo, otros 54 son subinspectores y 114 realizan labores de apoyo.

Gemma Zabaleta explicó que se transferirá al 50% del personal -111 empleados-, de los que 39 son inspectores de Trabajo, 15 subinspectores y 57 personas de apoyo, cuyo cometido serán las inspecciones en Salud Laboral, Relaciones Laborales y Empleo.

El resto seguirá adscrito a la Administración estatal para hacerse cargo de las áreas de inspección de la Seguridad Social y Extranjería, que continuarán siendo competencia del Gobierno de Madrid.

Esta transferencia está valorada en 4,9 millones de euros que se minorarán del Cupo que la Comunidad Autónoma Vasca paga al Estado español en cumplimiento del sistema del Concierto Económico.

La consejera de Empleo afirmó que la asunción de esta competencia «permitirá abrir un nuevo campo de actuación en materia de empleo no desarrollado hasta el momento».

A su juicio, una vez asumida esta competencia, el Ejecutivo de Lakua podrá poner en marcha programas y campañas de actuación «más acordes a la realidad socio-económica de Euskadi».

El traspaso de la Inspección de Trabajo, unido a la transferencia de las políticas activas de empleo -asumidas el pasado 1 de enero- pone a disposición del Gobierno autonómico unos instrumentos con los que puede contribuir de forma más efectiva a la mejora del mercado de trabajo y la lucha contra el fraude, destacó Zabaleta.

También aseguró que el nuevo modelo «evitará duplicidades» y no generará nuevas estructuras administrativas, con lo que no se incrementará el coste para las arcas públicas.