Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS, EHNE e Hiru rechazaron ayer el «recorte sin precedentes» y la «agresión a los derechos de los trabajadores» que supone la reforma de las pensiones aprobada el lunes en el Congreso de los Diputados español y que retrasa la edad de jubilación hasta los 67 años.

El texto, que pasará ahora al Senado para continuar con su trámite parlamentario, fue apoyado por el PSOE y CiU y contó con la abstención del PNV, mientras que el PP votó en contra.

En un comunicado, la mayoría sindical asegura que esta reforma «reducirá estas prestaciones a la mayoría de la población», y «dificultará su acceso a aquellos colectivos más precarizados, como son mujeres, personas jóvenes, personas migrantes o personas con discapacidad».

Los sindicatos denuncian asimismo el «secretismo» con el que se ha adoptado este recorte, mientras en Euskal Herria «tenemos una tasa de paro del 12% y casi la mitad de este porcentaje ya no cobra prestación por desempleo».

Por ello, la mayoría sindical vasca reitera su apuesta por la consecución del Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social.

Pensiones de altos cargos

Mientras tanto, la ponencia del Parlamento de Gasteiz creada para estudiar el estatuto del político vasco alcanzó ayer un principio de acuerdo para que, excluyendo al lehendakari, no se den más complementos de pensiones a ex consejeros y ex viceconsejeros, aunque se mantendrán los complementos para los ex altos cargos que ya los cobran.

Estos complementos, que en la actualidad cobran unas 70 personas con un coste anual de 1,1 millones de euros, garantizan a estos altos cargos que en el momento de la jubilación cobren el 50 por ciento de sus sueldos en el momento en el que cesaron, aunque eso suponga superar la pensión máxima de la Seguridad Social.