Recep Tayyip Erdogan no logró la mayoría cualificada esperada en las últimas elecciones al Parlamento turco, pero sí unos resultados históricos que hacen incuestionable su liderazgo. Por otro lado, de cara al exterior ha logrado cierto estatus de respetabilidad e incluso se ha llegado a poner su país como el ejemplo hacia el que podrían evolucionar los convulsos países del Magreb. Esa fuerza y ese prestigio, sin embargo, deberían ser canalizados para abordar conflictos como el que enfrenta al Estado turco con el pueblo kurdo. El AKP ha conseguido dar la vuelta a la tradicional hegemonía del partido kemalista, caracterizado por su cerrazón nacionalista y su escaso apego al respeto de los derechos humanos y los métodos democráticos. Y el llamado conflicto kurdo no ha remitido; antes bien, los excelentes resultados de los nacionalistas kurdos en las elecciones confirman el amplio apoyo a quienes propugnan una salida democrática para ese conflicto. Parecía, pues, el momento de afrontar conjuntamente esa solución. Sin embargo, en lugar de haber sumado los votos kurdos a los suyos para, además de acometer las reformas constitucionales que propugnó, abordar el doloroso asunto kurdo, el AKP prefiere construir su mayoría apropiándose de los escaños de los diputados encarcelados y alargar un conflicto cuya resolución sólo puede ser rechazada por la actitud más intransigente.