El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, pasó ayer de puntillas por la «cuestión vasca» en su último discurso en un debate del estado de la nación española. Apenas una mención al mantenimiento de la «estrategia antiterrorista» y la alusión a que el Ejecutivo «velará por el respeto a todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y de sus representantes en las instituciones democráticas».

El presidente del PP, Mariano Rajoy, tampoco le dedicó mucho más tiempo, pero sí mayor contundencia. Mostró su discrepancia con la decisión del Tribunal Constitucional desde la convicción de que «estábamos ante una nueva trampa de ETA para volver a colarse en la vida institucional». Una convicción que, según dijo, era compartida por las FSE, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y el Tribunal Supremo y que «no se funda en el prejuicio, sino en la experiencia y el sentido común».

Desde la tribuna de oradores del Congreso, Rajoy aseguró que «esa convicción se está viendo confirmada por los hechos. Han vuelto la intimidación, la chulería y el desprecio a la ley a los ayuntamientos y a las diputaciones vascas».

En ese instante recordó la vigencia de la Ley de Partidos y apeló a las reformas legales que que «permiten determinar la incompatibilidad sobrevenida de aquellos representantes elegidos que incurran en conductas incompatibles con la democracia». Y proclamó que «a esos instrumentos hay que acudir, sin demoras ni complejos, en cuanto haya causa objetiva para ello, algo que -por lo visto estos días- puede ya haber sucedido».

Rajoy instó al Gobierno a «que permanezca muy vigilante y no contemporice ni pase por alto los hechos consumados». «Hemos modificado la ley -explicó- para que no se salgan con la suya. El Gobierno, con sus hechos, les debe hacer saber que los demócratas no les vamos a pasar ni una chulería, ni una amenaza, ni una vulneración de la Ley». Luego no volvió a hablar del tema en todo el debate.