Nadie pone en duda a estas alturas que Euskal Herria acaba de adentrarse en un nuevo ciclo. Hay quien pretende ignorarlo, pero con su actitud no hace sino confirmarlo, toda vez que pretende evitar que su desarrollo sea acorde a las demandas mayoritarias de este país. El pasado sábado miles de personas salían a las calles de Donostia para denunciar los juicios políticos y exigir soluciones, precisamente porque los estados español y francés no sólo aparentan ignorar el nuevo ciclo, sino que además utilizan sus aparatos para entorpecerlo por temor al mismo, por temor a un escenario de confrontación en términos estrictamente democráticos. Esa actitud es patente, asimismo, en la política penitenciaria aplicada a los presos políticos vascos, la cual resulta más incomprensible e inaceptable tras décadas demostrando su inutilidad en cuanto a los objetivos que supuestamente perseguía. Ayer en Iruñea se volvió a denunciar esa «política de guerra y venganza» y se exigió el fin de la misma como aportación a la resolución del conflicto.

Ciertamente, la resolución de un conficto político en términos democráticos exige un cambio de actitud de las partes y pasos por parte de todos los agentes. En Euskal Herria unos han comenzado a darlos unilateralmente, y la sociedad vasca así lo ha percibido y valorado positivamente. La existencia de cientos de presos y exiliados políticos es una cuestión fundamental a resolver de cara a la superación del conflicto como, además de la lógica, la experiencia de otros muchos conflictos ya superados ha demostrado. Una cuestión que pasa urgentemente por el respeto de los derechos de los presos, vulnerados incluso a pesar de las propias leyes penitenciarias.

La dispersión, la aplicación de facto de la cadena perpetua, la retención en prisión de quienes padecen graves enfermedades y las duras condiciones de vida que padecen los presos y presas vascos y sus familiares suponen una claro chantaje político más inaceptable, si cabe, en este tiempo de apuesta por respeto de los derechos de todos, firme sobre el que han de llegar las soluciones democráticas.