La vista que se celebrará en un juzgado de lo Penal de Bilbo tiene su origen en el procesamiento de ambos empresarios por un presunto delito ecológico en la zona de Muriola, en la costa de Barrika. A cada uno de los acusados se les ha impuesto una fianza de 7.200 euros y se enfrentan a peticiones de penas de dos años de cárcel y multas que van de los 12.000 a los 5.400 euros, según sea la calificación de la Fiscalía o de la acusación ejercida por Txipio Bai.

Fue a consecuencia de una denuncia presentada en marzo de 2006 por Txipio Bai por lo que se abrió la causa para aclarar si se había cometido alguna irregularidad punible a raíz del vertido de escombros procedentes de diversas obras en los que, según la asociación naturalista, había cadmio y arsénico. La iniciativa en los juzgados se acompañó de otra denuncia contra el por entonces alcalde de Barrika, el jeltzale José María Ezpeleta, por tráfico de influencias y/o prevaricación, dada la relación de éste con Jon Iñaki Larrazabal Ugarte, que era el presidente de la Junta Municipal del PNV.

El juez instructor dictó un auto de sobreseimiento provisional de la causa contra Ezpeleta, por no haberse acreditado los hechos denunciados. Sin embargo, tanto el instructor como la Audiencia de Bizkaia rechazaron la pretensión de los dos constructores de que la denuncia contra ellos siguiese el mismo camino.

En 2002, Larrazabal Ugarte había solicitado al Consistorio una licencia para plantar viñedos en un terreno que limita con Barrikabaso y la playa nudista. Después, el constructor cambió de planes y pidió en 2004 que en ese lugar una empresa de excavaciones efectuase trabajos de relleno. La presencia de cadmio y arsénico está demostrada, tal y como destaca Txipio Bai, en los análisis realizados por el Instituto de Toxicología en muestras recogidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.

Asimismo, Fiscalía de la Audiencia vizcaina y Txipio Bai coinciden en que, al acometer las tareas de vertido de los escombros, se separó una charca del arroyo que la alimentaba, lo que supuso su desaparición y se destruyó parte de la playa fósil.

Además, se les acusa de hacer caso omiso a los informes de la Dirección de Biodiversidad y de la Dirección de Calidad Ambiental del Ejecutivo de Lakua, en los que se pedía a ambos empresarios que evitaran la afección a un área recogida en el Catálogo Abierto de Espacios Naturales de la CAV, denominado Tramo Litoral Punta Galea-Barrika.

Esas mismas recomendaciones de los responsables autonómicos de Medio Ambiente emplazaban a Larrazabal y Albizua a efectuar, con carácter previo, un estudio al ser el referido enclave hábitat natural de la rana patilarga y existir en dicho lugar una playa colgada, calificada por los técnicos como punto de interés geológico. Todos estos requisitos no se cumplieron y, por ello, ambos empresarios se sentarán en el banquillo.

Diferentes peticiones

En lo único que no coinciden las acusaciones es en la calificación de los hechos que van a ser juzgados. La Fiscalía estima que constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que solicita que se imponga a cada uno de los acusados la pena de dos años de prisión, multa de 5.400 euros, inhabilitación para profesión u oficio de dos años, así como que paguen las costas e indemnicen al Ayuntamiento de Barrika por los daños producidos, teniendo Excavaciones Baranda SA (Exbasa) la responsabilidad civil subsidiaria.

Por su parte, Txipio Bai cree que se han cometido sendos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, por lo que pide también dos años de cárcel, una multa de 12.000 euros e inhabilitación de dos años por cada uno de los delitos.

Además, el colectivo ecologista estima que Larrazabal y Albizua cometieron otro delito relativo a la fauna, solicitando un año de prisión o, subsidiariamente, una multa de 9.600 euros. La petición se complementa con una indemnización a la Viceconsejería de Medio Ambiente por el coste que acarree descontaminar los terrenos.