María Galán y Sofía Salazar se reunieron el jueves pasado con la Fiscalía para quejarse de la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo de declarar prescritos los delitos que se cometieron en 1965 y 1969 en el Hospital de Cruces cuando, después de dar a luz estas mujeres a dos criaturas, su hija e hijo fueron supuestamente robados. Ayer se conoció que el Ministerio Público recurrirá estas prescripciones.

La portavoz de la asociación SOS Bebés Robados, Palmi Fernández, mostró su «satisfacción» por este «gran, y creemos que justo paso» dado por la Fiscalía, «con el que, al fin, estamos viendo la luz al final del túnel».

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barakaldo decidió la pasada semana archivar las denuncias de las dos mujeres, al considerar que ambos casos, ocurridos hace más de 40 años, «habían prescrito».

El encuentro entre el fiscal y ambas madres tuvo lugar un día después de la concentración convocada el miércoles por SOS Bebés Robados ante el Palacio de Justicia de Barakaldo, con el objetivo de mostrar el «rechazo» a la prescripción y reivindicar «que se investiguen estos dos casos».

«Hemos pasado de una situación en la que la Justicia no nos hacía el más mínimo caso, a que ahora la Fiscalía esté de nuestro lado y quiera investigar estas desapariciones, lo que nos ha supuesto una alegría grandísima, tanto a las madres como a SOS Bebés Robados», declaró la portavoz de la asociación.

Una de las progenitoras, María Galán, según información de SOS Bebés Robados, dio a luz una hija en el Hospital de Cruces, en el que le comunicaron que el bebé había fallecido y que el propio hospital baracaldés asumiría la labor de ocuparse de los restos.

A los tres o cuatro años, Galán concibió otro hijo, que nació muerto, pero en esta ocasión los responsables sanitarios le aseguraron que un hospital «nunca» se encarga del cuerpo de un bebé, por lo que comenzó a «dudar» sobre el destino de su primer vástago.