Ezker Batua, unas siglas en abierta descomposición, divididas en familias irre- conciliables y con una vía de agua intaponable en su honorabilidad y credibilidad, ha cambiado el mapa institucional previsible de Euskal Herria en el último momento. Cuando Bildu anunció que daría sus votos a Xabier Agirre y el coordinador general de EB, Mikel Arana, aclaró que su formación no propiciaría el acceso al poder del PP ni por activa ni por pasiva, se dio por hecho que el PNV mantendría la Diputación de Araba.

Sin embargo, unos dirigentes más preocupados de sus intereses particulares que por hacer un análisis global de futuro de país, se pusieron la «izquierda» por montera y decidieron romper con la lógica. Según su propia versión, en lugar de aceptar lo que ofrecía el PNV, prefirieron dejar «gratis» la Diputación en manos del PP.

Luego se supo que había también cargos y dineros de por medio, aunque no se conoce aún si los de Antonio Basagoiti pagaron precio en su intención de hacer «lo posible y lo imposible» por acceder al poder.

El caso es que, en este momento, cada institución de Hego Euskal Herria está dirigida por un partido distinto. En Nafarroa, el Gobierno está en manos de UPN, con el PSN como apéndice, y la situación en Iruñea es muy pareja; en Bizkaia la Diputación y la alcaldía de Bilbo corresponden al PNV; Araba y su capital están bajo el poder del PP; Gipuzkoa está presidida por Bildu; mientras que el Ejecutivo de Lakua tiene la sigla del PSE. A esto se le suma que muchos de esos gobiernos son minoritarios, lo que obliga no sólo a acuerdos entre diferentes, sino incluso entre antagónicos.

Desconcierto fiscal

Además de los problemas evidentes que puede causar esta atomización, hay un par de cuestiones estratégicas que en este momento se presentan como más difíciles de abordar que hace una semana.

Una de estas cuestiones es la de la reforma de la fiscalidad a la búsqueda de una mayor justicia recaudatoria y distributiva. El PNV de Araba, en sus negociaciones con EB, había dado algunos pasos en este sentido, desde la convicción de que si reeditaba mandato en la Diputación no iba a tener más remedio que abordar la cuestión. Hace unos meses, Xabier Agirre ya planteó la necesidad de debatir sobre la cuestión, en parámetros distintos a los que plantea, por ejemplo, el PNV de Bizkaia. Además, el ABB contemplaba que la presión de Bildu desde Gipuzkoa y del PSE desde el Gobierno de Lakua obligarían a moverse. Junto a esto, manejaba la previsión de que la Hacienda española restablecerá próximamente el Impuesto de Patrimonio.

Todo esto hacía que en el conjunto de la CAV existiera una correlación de fuerzas favorable a abordar reformas fiscales desde una perspectiva que podría calificarse de «progresista» y vencer las reticencias que ya viene mostrando la Diputación de José Luis Bilbao.

Sin embargo, la ocurrencia de EB de votar su propio «programa de izquierdas» -además de la colaboración del PSE- han hecho que acceda a la Diputación de Araba un Javier de Andrés que desde su discurso de investidura ya aclaró que sus intenciones en materia fiscal no pasan ni por subir tipos a la rentas más altas ni por «espantar» a las empresas modificando el Impuesto de Sociedades.

Habrá que ver lo que da de sí la anunciada reunión del lehendakari, Patxi López, con las tres diputaciones forales a celebrar en los próximos días para hablar de la cuestión de la fiscalidad y tratar de hacerla «más justa, solidaria y equitativa», pero a priori se observa que las opciones más «liberales» se han visto reforzadas en los órganos de coordinación.

Normalización política

Otro de los ejes de futuro es el de la normalización política y la apertura de un nuevo tiempo en Euskal Herria. Los pasos que se den desde aquí son importantes pero sería beneficioso para todos que el Estado fuera acompañándolos también.

Si la situación del Ebro para abajo no da un vuelco en los próximos meses -un milagro que parece superar incluso los poderes del reputado Alfredo Pérez Rubalcaba- cabe pensar razonablemente que el próximo Gobierno español estará en manos del PP; y las apuestas se centrarán en si Mariano Rajoy alcanzará o no la mayoría absoluta.

En esas condiciones, habría sido importante que el mayor número de instituciones vascas estuviera en manos de forma- ciones que apuestan por la normalización, la legalización de todos los partidos, el respeto a los derechos de las presas y presos y el reconocimiento del derecho a decidir. A la vista de la situación de Nafarroa, convenía por tanto que al menos las diputaciones de la CAV se situarán en esa perspectiva, a la espera de que unas futuras elecciones autonómicas también dieran paso a un gobierno abertzale en Ajuria Enea.

Y en este contexto, de nuevo, la jugada de EB de Araba ofrece al futuro gobierno español del PP (y de las FAES) un punto de descompresión en tierra vasca. Y lo hace, además, en el momento en el que en Araba el voto abertzale supera en términos absolutos al unionista.

No es que las diputaciones sean por sí mismas una punta de lanza de un movimiento por la normalización política, pero en una coyuntura de ofensiva por la recuperación de derechos, pueden servir para aunar y sumar fuerzas.

Y pese a que el PP de la CAV da muestras de estar en parámetros más civilizados que los dictados que emanan de la Calle Génova y, sobre todo de la Fundación Faes que preside José María Aznar, nada hace prever que Javier de Andrés pueda ser un agente de cambio en este terreno.

La situación del PNV

A partir de que el jueves perdiera la Diputación de Araba, el PNV se encuentran en su cota de poder institucional más baja desde 1979. Excluido de Ajuria Enea, entre las grandes instituciones solo cuenta con la Diputación de Bizkaia y la alcaldía de Bilbo. Bien es cierto que hace cuatro años pudo ocurrirle lo mismo, pues tampoco ganó ni en Araba ni en Gipuzkoa, pero entonces se le pusieron a favor los condicionantes tácticos para encontrar apoyos y el factor suerte que esta vez han jugado en su contra.

El PNV debe afrontar hasta fin de año un proceso de renovación del EBB que todo indica que será tranquilo, puesto que parece que Iñigo Urkullu está dispuesto a dar estabilidad a los equilibrios internos pactados hace cuatro años. Lo que queda por ver es si los movimientos regionales que algunos parecen estar interesados en agitar en Gipuzkoa y en Araba no acaban teniendo repercusiones en Sabin Etxea.

A la hora de repartir culpas, los medios unionistas se ceban en Joseba Egibar e Iñaki Gerenabarrena, presidentes del GBB y del ABB respectivamente. Pero hay otros observadores a los que no se les escapa que la mayor pérdida de peso institucional del partido se ha dado, precisamente, bajo el mandato de Iñigo Urkullu y con una praxis política que viene de los tiempos de Josu Jon Imaz.

Al PNV, además, le ha surgido un competidor de fuerza desconocida hasta el momento en el campo del abertzalismo, Bildu, que se presenta incluso como una amenaza real a la hegemonía jeltzale.

La caída del PSE

El viernes, a rebufo todavía de lo ocurrido en Araba, el secretario general de Organización del PSE, Alfonso Gil, emplazó al PNV, «empezando por Iñigo Urkullu», a llevar a cabo una «una reflexión a fondo» sobre su «pérdida de poder institucional», causada por «una acción política basada en el resentimiento» y en el «acoso y derribo al Gobierno vasco».

A la vista de sus resultados del 22-M, y con la huida de casi la tercera parte de sus votos, no es precisamente el PSE quién puede tratar de dar lecciones a nadie. Perdidas las alcaldías de Gasteiz y la de Donostia (esta última de forma especialmente dolorosa), la única gran institución que le queda es el Gobierno de Lakua. Evidentemente, no es poco, pues es la mayor de todas en cuanto a competencias y presupuesto, pero a nadie se le oculta que, a estas alturas, da la impresión de que el Ejecutivo de Patxi López tiene fecha de caducidad en las próximas elecciones autonómicas.

Cabe recordar que, pese a los discursos de López animando a sus altos cargos a volver a conectar «con la mayoría del país», esa mayoría nunca estuvo con el PSE. No ganó las pasadas elecciones autonómicas. Si pudo llegar a Ajuria Enea fue por la trampa que supone la ilegalización de un sector político, y por los condicionantes de la ley electoral, que dio más escaños al pacto que tenía menos votos.

En el nuevo escenario político abierto tras la legalización de Bildu, y a la espera de que se repongan derechos políticos y civiles con la futura legalización de Sortu, no entra en las previsiones lógicas que PSE y PP puedan volver a sumar mayoría absoluta en el Parlamento de Gasteiz. Así que si Patxi López aspira a volver al Gobierno, la única fórmula posible es que lo haga como vicelehendakari de un jeltzale.

Lección en Nafarroa

Otra de las consecuencias de la recomposición del mapa institucional tras las pasadas elecciones ha sido la novedad de un gobierno de coalición en Nafarroa, donde UPN ha vuelto a echar mano del PSN, pero esta vez lo ha incluido en el reparto de consejerías.

El movimiento ha servido para que quienes todavía conservaban la esperanza de que este PSN puede ser un agente de cambio en el escenario político navarro la abandonen definitivamente.

Aralar, por ejemplo, ya ha anunciado el inicio de un análisis interno para explorar otras rutas que permitan llegar al cambio sin el PSN. Es cierto que el camino no es fácil, pero es mucho más practico afrontar un reto duro que engañarse pensando que hay atajos donde sólo crece la maleza.