Con los votos a favor de PSOE, PNV, CC y UPyD (178) y con las abstenciones de PP, CIU, ERC-IU-ICV y BNG (162), el Congreso dio su visto bueno al paquete de medidas propuesto de forma «urgente» por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para paliar los efectos de las actuales turbulencias financieras en las familias, pymes y emprendedores.

La principal medida del decreto, con la que se pretende ayudar a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, sube a 961 euros -641 euros del salario mínimo interprofesional más el 50%- el tope del sueldo que no puede ser embargado por impago de una hipoteca.

Además, limita los abusos en las subastas de inmuebles, incrementando del 50% al 60% del valor de tasación el precio mínimo de un inmueble subastado, al tiempo que reduce el depósito previo necesario para participar en una subasta y obliga a dejar por escrito el compromiso de pujar por internet.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) consideró que con la aprobación de estas «ridículas» medidas, el Gobierno «parece dar por liquidado el grave problema» que afecta a medio millón de familias que pueden ser expulsadas de sus casas próximamente.

Explicó que la negativa del PSOE a la tramitación como Proyecto de Ley del decreto impidió que pudiera haber medidas inmediatas de ayuda a las familias, a la economía y al propio sistema financiero.

En concreto, Adicae señaló que la medida de elevar la cuantía inembargable es «manifiestamente insuficiente e injusta» porque se aplica cuando ya se ha perdido la vivienda y el banco sigue reclamando la deuda.

Por su parte, la norma prevé también la creación de una nueva línea ICO, todada con 3.400 millones de euros, dirigida a pagar las facturas que adeudan los entes locales a pymes y autónomos y que están pendientes a 31 de abril de 2011.

En el turno de intervenciones, el diputado del PNV, Pedro Azpiazu, aseguró que esta nueva normativa «permitirá salir de la angustia financiera» a las pymes y autónomos, aunque lamentó que las medidas para los deudores hipotecarios «no lleguen a ser una dación en pago».