Los representantes de ELA, LAB y ASPEM de BBK han entregado a la dirección de la empresa 1.186 firmas, de los 1.730 trabajadores activos en los centros de Hego Euskal Herria, para que el convenio que tiene que negociarse respete el ámbito vasco. Esta reclamación está apoyada por el 69% de la plantilla y trata de terminar con la imposición del marco estatal.

Para corregir esta situación, han presentado una demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional «sobre la obligación de negociar un convenio propio en BBK para los empleados de los centros de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa». Esta demanda busca que haya dos marcos de negociación, si no se respeta la representatividad mayoritaria del ámbito vasco.

Las tres organizaciones afirman que la demanda se sustenta en el artículo 87 del Estatuto de los Trabajadores que «otorga legitimidad para negociar los convenios de empresas o ámbito inferior al comité, a los delegados de personal, en su caso, o a las representaciones sindicales, si las hubiere». ELA, LAB y ASPEM critican que la mesa negociadora del convenio actual «deja fuera» a la plantilla de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa y, a la vez, «deslocaliza» las relaciones laborales», porque las «centraliza» en el ámbito español, que es minoritario en el conjunto de BBK.

Esta estrategia responde a la «concesión unilateral» que la dirección de la caja vizcaina ha otorgado a CCOO para que cuente con el «monopolio» de la negociación en el ámbito estatal, a pesar de que su representatividad en el ámbito de Euskal Herria no es mayoritaria. Tal es así, que las tres formaciones muestran su oposición a la actual mesa de negociación «en la cual no nos sentimos de ninguna manera representados como trabajadores de los territorios vascos» y denuncian que esa concesión a CCOO provoca «una grave distorsión de la representatividad», ya que «otorga el 50% de la representación al 20% de la plantilla».

Criticaron, por último, la posición del presidente de BBK, Mario Fernández, quien en repetidas ocasiones ha apostado por el marco estatal «si no se ve forzado por una sentencia judicial». ELA, LAB y ASPEM recordaron a Fernández que «nuestra decisión es mayoritaria».