Una semana después de que finalizase en la Audiencia Nacional española el juicio contra ocho militantes de la izquierda abertzale significados por trabajar por la nueva etapa política abierta en Euskal Herria, cerca de una veintena de agentes políticos, sociales y sindicales ofrecieron ayer una rueda de prensa en Bilbo. En ella, exigieron su absolución y apostillaron que es la única resolución que esperan del tribunal presidido por Ángela Murillo, en una sentencia que «signifique la legalización y el fin de los juicios políticos».

Haritz Petralanda y Ainhoa Etxaide, joven independentista y secretaria general de LAB, respectivamente, dieron lectura, en euskara y castellano, a una declaración. Entre quienes comparecieron en un céntrico hotel de la capital vizcaina se encontraban Rafa Díez, Txelui Moreno, Amaia Esnal y Mañel Serra, los cuatro procesados en libertad condicional por el «caso Bateragune», así como caras conocidas de la política vasca como Rufi Etxeberria, de la izquierda abertzale; Oskar Matute, de Alternatiba; y Juanjo Agirrezabala, parlamentario en Gasteiz de Eusko Alkartasuna.

Estas organizaciones consideran «básicas» para avanzar en un proceso de normalización política y democrática no sólo la absolución de los ocho militantes independentistas sobre los que pesa la petición de largas penas de cárcel por su actividad política pública, sino también que cese la utilización del poder judicial para la criminalización de actividades en este ámbito.

«No podemos permanecer en silencio. Una vez más -remarcaron- estamos ante una conculcación directa de los derechos humanos, ante una actuación judicial que quiere conculcar los derechos civiles y políticos». Esta práctica, en opinión de los firmantes del documento, pone de manifiesto «la falta de madurez democrática del Estado español».

En esa línea, emplazaron al Estado a que «deje de lado los juicios, las persecuciones y las detenciones que realiza contra los derechos fundamentales». Ellos, por su parte, reafirmaron su compromiso con un país en el que no exista ningún tipo de violencia, «sin amenazas contra nadie, sin presiones, sin persecuciones y sin tortura. Una Euskal Herria -insistieron- donde todas las personas, sea cual sea nuestra ideología, tengamos todo el derecho a defender y llevar a la práctica nuestras ideas y proyectos. Una Euskal Herria donde no haya personas represaliadas».

Antes, en su pronunciamiento público, recordaron que en la historia contemporánea vasca han sido muchas las personas, colectivos y partidos que no han podido expresar y defender sus ideas y proyectos con todos los derechos, ni presentarse a diferentes citas electorales, algo que no se debe olvidar.

Los agentes políticos, sindicales y sociales que coinciden en su análisis del proceso contra estos militantes de la izquierda abertzale en el tribunal especial español no se olvidaron de proclamar su compromiso «sincero y firme de llevar a nuestro pueblo a un escenario de paz y solución democrática; a un escenario de normalización política y ausencia de violencia».

Próximo juicio contra jóvenes

Los portavoces de los reunidos no se limitaron a citar el «caso Bateragune», sino que incidieron en que su análisis es extensivo, por ejemplo, a la vista oral que se va a celebrar próximamente en la Audiencia Nacional contra 17 jóvenes de Oarsoaldea. De estos procesos, dijeron, que tienen mucha importancia «porque en el contexto de soluciones abiertas en nuestro país pueden reforzar la tesis y las dinámicas obstruccionistas de los que siguen instalados en el esquema de las no soluciones».

«No hay lugar para los aspectos jurídicos ni en la base de la acusación previa al juicio ni en la tesis defendida en su final por la Fiscalía para justificar penas de prisión escandalosas», manifestaron el joven independentista y la secretaria general de LAB como portavoces de los firmantes de esta reflexión.

Del juicio que está pendiente de sentencia después de que la vista oral finalizase hace una semana en Madrid, afirmaron que una vez más se había repetido el mismo esquema: un juicio marcadamente político en el que ciudadanos vascos se han sentado en el banquillo «por acusaciones con una marcada base política».

Tampoco perdieron la ocasión para reiterar estos agentes que el proceso que llevará a Euskal Herria a un camino de paz y sin conculcación de derechos necesita de toda la ciudadanía, por lo que hicieron un llamamiento a vascas y vascos, así como a los agentes sindicales, sociales y políticos «a unir fuerzas y a trabajar duro a favor de ese objetivo».