El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el único voto en contra de UPyD, la reforma de la «Ley integral de víctimas del terrorismo» que establece el compromiso del Estado de perseguir «la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas» de ETA.

El nuevo texto, según trasmitió la agencia Efe, defiende el cumplimiento íntegro de las penas y reconoce como víctimas del terrorismo a hermanos, abuelos y nietos de las personas afectadas por atentados y también, a efectos honoríficos, a las víctimas ilesas.

Contempla una nueva tabla de indemnizaciones con efectos retroactivos hasta 1960, el reconocimiento de la figura del amenazado y el acceso preferente al empleo público y la vivienda, así como la mejora de las medidas de protección social para víctimas y familiares directos. Además, se anuncia la creación del Centro Nacional para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, que tendrá su sede en la CAV.

La diputada de UPyD, Rosa Díez, justificó su voto en contra del texto porque no se han aceptado ninguna de las enmiendas y porque la presencia de Bildu en las instituciones vascas ha variado las circunstancias por las que fue suscrita la proposición de ley el pasado setiembre.

No a las víctimas del Estado

A pesar de las solicitudes de PNV, ERC y BNG, no se han incluido en la ley a las víctimas del franquismo, de afectados por el régimen entre 1968 y 1977 o las víctimas de la violencia ocasionada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Durante su intervención, el diputado de ERC Joan Tardá leyó una lista de víctimas del franquismo y mostró una fotografía del anarquista Salvador Puig Antich, condenado a muerte y ejecutado en 1974.

El diputado del PNV Emilio Olabarria arremetió contra quienes han buscado «obtener de forma bastarda réditos parlamentarios y políticos» incluyendo en la norma referencias a Bildu o diferenciaciones entre víctimas. Añadió que «se han prostituido los consensos troncales y originarios, hemos fallado a las víctimas, incumpliendo nuestros propios compromisos y contradiciendo nuestros propios actos».

El proyecto de ley será ahora remitido al Senado para su convalidación.