Nuclenor, empresa propietaria de la central de Santa María de Garoña, anunció que sus servicios jurídicos están analizando la sentencia emitida ayer por la Audiencia Nacional española que confirma el cierre de la instalación el 6 de julio del 2013. En un comunicado, la empresa eléctrica afirmó que sus abogados estudian las medidas legales pertinentes para defender la continuidad de la central hasta 2019.

La reacción de Nuclenor se produjo después de que la Audiencia Nacional española ratificarala fecha de cierre de la central fijada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el mismo sentido que Nuclenor se pronunció la Junta de Castilla y León, que presentará un recurso contra el cierre de Garoña ante el Tribunal Supremo. En opinión del Gobierno castellano, la central burgalesa, la más antigua de las operativas en la Península, debería permanecer abierta hasta el 2019, seis años más de los previstos por el actual Ejecutivo español.

Reacciones a favor

En sentido contrario se pronunciaron las organizaciones medioambientales Greenpeace y Ecologistas en Acción, y la sindical CGT, que saludaron positivamente la ratificación de la fecha de cierre por parte de los tribunales.

No obstante, Greenpeace reconoció que su pretensión era cerrar de manera inmediata la central, sin esperar al año 2013, opción desestimada por el tribunal especial.

Estas tres organizaciones también pidieron al Gobierno español y al Ministerio de Industria el establecimiento de un calendario de cierre del resto del parque nuclear del Estado, formado por otras siete plantas.

Por ello, las plataformas ecologistas solicitaron al Ejecutivo de Madrid que no se renueve el permiso de explotación de la central de Ascó I, en Catalunya, cuya licencia de actividad expira el día 1 de octubre de este mismo año.