Tras pasar la noche en la prisión de Soto del Real, el juez Fernando Grande-Marlaska interrogó ayer en su despacho, por espacio de alrededor de media hora, a Arantza Zulueta, que al no estar incomunicada fue defendida por el letrado Kepa Mancisidor. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional no atendió los desmentidos de la letrada vasca a las acusaciones policiales y sí la petición de prisión del fiscal Vicente González Mota, lo que supuso que decretara su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Zulueta vuelve a la cárcel, de donde salió bajo fianza de 60.000 euros el 2 de diciembre de 2010. En esta ocasión, la Fiscalía le acusa de un delito de «integración en organización terrorista, sin perjuicio de que el resultado de las diligencias puedan imputárseles otros de la misma naturaleza como el de tenencia y depósito de explosivos y armas, al menos a título de cooperadora necesaria».

Grande-Marlaska relaciona a Zulueta con los tres zulos desmontados el martes en Baigorri y, además, sostiene que ETA «le encomendaba realizar informes sobre el edificio de la Audiencia Nacional, razonablemente dirigidos a facilitar la comisión de un atentado». El magistrado atiende las directrices apuntadas por el fiscal y en el auto en el que ordena la vuelta a prisión de la abogada estima que los datos para efectuar un ataque contra la sede del tribunal especial español, en Madrid, «sólo los puede conocer una persona que conozca el edificio, cual es el caso».

Siguiendo esa línea argumental, acusa a Zulueta de ejercer de «enlace» entre la organización armada vasca y sus militantes presos. En este auto, Grande-Marlaska atribuye también a Zulueta tener en su despacho de Bilbo en abril de 2010, cuando fue arrestada por primera vez por la Guardia Civil, «más de 120.000 documentos», entre los que dice se halló uno en el que ETA hablaba de la necesidad de crear una estructura denominada «amarauna».

El juez sostiene que «sería una red de inteligencia» en pueblos y ciudades de Euskal Herria con la que ETA trataría de captar nuevos voluntarios, recabar información sobre objetivos, obtener datos sobre empresarios y valorar la situación de la izquierda abertzale. La coordinación de esa supuesta estructura se la atribuye a Arantza Zulueta basándose en los informes de la Guardia Civil.

Poco después de conocerse el reencarcelamiento de la defensora de presos políticos vascos, el movimiento pro amnistía destacó que esta operación es «la respuesta» del Gobierno español al último comunicado de ETA. Tras mostrar solidaridad hacia Zulueta, se subraya su trabajo «todos estos años en favor de los derechos» de los represaliados.

Al mismo tiempo, el organismo antirrepresivo afirmó que, «frente a la oportunidad de una solución democrática, el Estado español pretende seguir con la situación de represión y negación de Euskal Herria». Más adelante, incidió en los «pasos importantes» que se están dando «a favor de una verdadera democracia, pero os estados todavía responden a los pasos que se están dando en este camino con mano de hierro, torturas e ilegalizaciones».

Además, recordó que en los últimos meses se han dado iniciativas para «terminar con la represión» y desde el movimiento pro amnistía se muestran convencidos de que en el futuro les toca a los diferentes agentes «reforzarlas».