Gurutz Gorraiz, secretario general de la Federación Hainbat de ELA, denuncia «un pacto de silencio» de la Administración pública por «la grave falta de prevención y seguridad» que se está produciendo en las obras del tren de alta velocidad (TAV). «Esta obra es innecesaria. Está rodeada de una gestión oscura y una falta de transparencia con el objeto de evitar que afloren las importantes y graves irregularidades en materia laboral y en materia de falta de seguridad y salud de los trabajadores. Les importa poco la vida de los operarios. No sólo les hacen trabajar entre doce y diecinueve horas, sino que lo hacen sin seguridad, lo que implica jugarse la vida cada día», precisó el responsable sindical en declaraciones a GARA.

ELA, a través de los parlamentarios de Aralar, accedió al informe completo de la investigación del accidente mortal, que costó la vida al trabajador de 53 años de origen ucraniano Mykola Vyshenskyy el pasado 9 de diciembre de 2010, al explotar unos 15 kilogramos de «goma2 eco». Se suponía que, junto a otro trabajador y la vigilante de seguridad, iban a quemar el explosivo sobrante en las obras a la entrada al denominado Túnel de Albertia en el tramo entre Eskoriatza y Legutiano del tren de alta velocidad (TAV). Para ese trabajo, está contratada la UTE Legutiano, formada por Ferrovial Agromán y Fonorte. Las tareas de manejo de explosivos los realiza la subcontrata Hergon Metropolitan, que es a la que pertenecía el trabajador.

El meticuloso informe de la Dirección de Energía y Minas del Ejecutivo de Gasteiz, firmado por el técnico de minas Arturo González Olartua, confirma numerosas irregularidades. Muestra la alteración de datos, ya que, mientras el servicio de prevención de la UTE Legutiano sostiene que los trabajadores tienen el «suficiente conocimiento» y los «permisos para la manipulación de explosivos», el informe oficial del Gobierno de Gasteiz lo niega, dado que fueron contratados para tareas de encofrador, nada que ver con la manipulación de explosivos.

No está claro si entre los 30 kilogramos de «goma2 eco» que tendrían que quemar había algún detonador que produjo la explosión y el fatal desenlace. Sin embargo, el informe oficial advierte de que «aunque se hubiese producido la detonación, si el personal hubiese cumplido las recomendaciones a seguir, se hubiesen retirado a una zona protegida mientras se destruían los explosivos y se hubiese controlado el acceso al perímetro de seguridad establecido, en ningún caso se habrían producido daños personales».

Al contrario de lo manifestado por las empresas concesionarias de la obra del TAV, «el personal no contaba con la cartilla de artillero», imprescindible para esas tareas de manipulación del explosivo; «ni se encontraba el personal técnico en este proceso», «ni había un director facultativo, responsable de las obras subterráneas y de destrucción» que, por otro lado, fue nombrado doce días después del accidente mortal. También denuncia el informe oficial que «en las inspecciones efectuadas, se observa la falta de mantenimiento en cuanto a la recogida de residuos de la zona».

Para el Ejecutivo de Gasteiz, se infringieron los planes de seguridad y salud y, entre otros, los de voladuras, por lo que propone un recargo de prestaciones económicas del 50%, porque la muerte del trabajador está causada, según figura en el informe, por «la infracción al ordenamiento vigente en materia de seguridad y salud».

Falsedad

El informe preliminar de Legutiano UTE afirma que «los dos operarios -y la vigilante de seguridad- procedieron por el método habitual para el que habían sido especialmente instruidos». El servicio de prevención de Ferrovial Agromán añade que «contaban con la suficiente formación y la debida autorización que marca la normativa», lo que es falso a juicio del instructor oficial, y acusan al fallecido de «exceso de confianza». Por lo tanto, la UTE Legutiano afirma que el accidente se generó por «una imprudencia temeraria del propio trabajador».

Gurutz Gorraiz afirma que este informe está en manos de la Fiscalía y el Juzgado de Eibar para actuar por la vía penal. «Estamos estudiando la posibilidad de presentarnos como acusación particular ante la gravedad del accidente de la que, sin el menor escrúpulo, las constructoras culpan a los trabajadores».

El responsable de la Federación Hainbat denuncia que «no nos dejan acceder a las obras a los sindicatos para ocultar estas graves irregularidades. La Administración mira a otro lado, porque prevalece el interés del negocio sobre la vida de los trabajadores».

Gurutz Gorraiz sostiene que ELA hará lo posible para que estas situaciones salgan a la luz «en solitario o con otros agentes sociales».