Hace ya varios meses que un grupo de vecinos de Basurto se manifestó en protesta por el proyecto de apertura de una mezquita en la calle Pablo Alzola de Bilbao. Desde entonces, junto a las movilizaciones y diversas opiniones a favor y en contra, también se han producido un gran número de comentarios en prensa digital entre los que abundan las expresiones de rechazo. Sus argumentos son: «Si quieren rezar, que se vayan a su país», «No queremos fanáticos», «Que respeten nuestra cultura y nuestras costumbres», o las consabidas conexiones entre Islam, delincuencia y ayudas sociales.

Pero hay una gran diferencia entre un sano debate sobre el islam que puede y debe abrirse en los países de emigración musulmana reciente como el nuestro, y la islamofobia que impera ya en el marco de lo socialmente aceptado.

En realidad, como nadie puede ignorar, el fanatismo se halla muy bien repartido en la especie humana y ninguna de las religiones, entre las que se encuentra el catolicismo, está libre de él. Sin embargo, nuestra sociedad (cuya influyente jerarquía católica no promueve precisamente valores progresistas) juzga a la comunidad islámica con especial dureza, generalizando y prejuzgando como integristas a todas las personas que profesan esta religión.

Volviendo al caso de la mezquita en Basurto, las personas inmigrantes de religión islámica son para sus detractores un tipo de ciudadano especial, cuyos derechos nunca podrán equipararse a los de los ciudadanos «de aquí». Por tanto, esos ciudadanos de segunda clase, aunque residan, trabajen y vayan a quedarse, no pueden exigir al Estado que les procure la misma protección social que la que puedan exigir los ciudadanos autóctonos. Tampoco tienen derecho a que se les garantice por medios públicos el mantenimiento de un marco cultural, lingüístico o religioso propio. Bien es cierto que el enfrentamiento de los «derechos de los inmigrantes» (que en este caso profesan la religión islámica) frente a los «derechos de los ciudadanos» es recurrente en el discurso político y mediático.

Sin ir más lejos, durante la pasada campaña electoral, algunos políticos, lejos de impulsar un reconocimiento de los derechos de toda la ciudadanía, se posicionaron abiertamente a favor de la discriminación. Iñaki Azkuna, alcalde del consistorio bilbaino, ha anunciado que hará todo lo posible para impedir nuevas aperturas de mezquitas. De esa manera, está pasando por alto el derecho universal y constitucional a la libertad de culto y su principal obligación de tratar a todos sus conciudadanos por igual.

Las protestas contra la apertura de una mezquita dejan de ser aceptables cuando caen en el insulto y en la incitación del odio, como ha ocurrido en los comentarios de diversos medios digitales. Y ahí el papel de la prensa y de las instituciones es fundamental. Su pasividad o su empeño en tratar como un conflicto vecinal un claro caso de islamofobia alienta a quienes se sienten legitimados para agredir al diferente. No hay más que ver lo que ocurrió en Vitoria, donde los racistas han llegado a verter carne y sangre de cerdo en la mezquita de Zaramaga.

Fatema Mernissi, reconocida escritora y socióloga marroquí, nos enseña que Internet ha supuesto una gran oportunidad a favor de la libertad de expresión en el mundo árabe (lengua hablada por una comunidad de 300 millones de personas). Los últimos acontecimientos, como las revueltas pacíficas articuladas a través de las redes sociales, han demostrado el buen uso que ha hecho de esta herramienta la sociedad civil árabe, con una alta participación de mujeres. La juventud marroquí está cumpliendo su sueño de tener una ventana abierta al mundo. Mientras que para ellos Internet es sinónimo de apertura, quienes en nuestra tierra utilizan la Red para dar rienda suelta a sus comentarios discriminatorios e islamófobos prefie- ren, lamentablemente, cerrarse a una percepción más amplia del mundo y de su diversidad.