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Exigen el cierre de Garoña para no dejar su futuro en manos del PP

Tanto Bildu como Eguzki dudan de que la central de Garoña cierre definitivamente su reactor en 2013, tal y como sentenció la Audiencia Nacional. Recuerdan que un cambio en el Gobierno español traería una prórroga, ya que, tal y como ha asegurado Mariano Rajoy, el PP apuesta porque sigan funcionando. Señalan que Garoña, con 40 años de vida, sigue dando «innumerables problemas» y debe cerrarse ya.
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La promesa electoral del PSOE de cerrar definitivamente la central nuclear de Santa María de Garoña se ha alargado en el tiempo siete años. Eso, si cesa su actividad el 6 de julio del año 2013, tal y como sentenció la Audiencia Nacional española el pasado jueves. Y es que, según explica Eguzki, dejarlo para dentro de dos años, supone, en la práctica, posponer la decisión a otra legislatura, por lo que no se puede asegurar que se vaya a cerrar la central. Bildu advierte lo mismo «con preocupación»: «la decisión final sigue estando en manos del próximo Gobierno español».

La coalición insta a la puesta en marcha de planes para la regeneración socioeconómica del área de influencia de la central, «como muestra de que los diferentes gobiernos -desde el foral hasta el de Madrid- se toman en serio la decisión de cerrarla en 2013».

Según Eguzki, la Orden Ministerial que decreta el cierre de Garoña podría ser anulada por otra del mismo rango o superior, «como por ejemplo una ley, y Mariano Rajoy ya a afirmado en varias ocasiones que si él llega al gobierno, las nucleares seguirán funcionando», advierten.

Por un cierre inmediato

Consideran la decisión de la AN como «un pasito» hacia el cierre, sin embargo, hacen hincapié en las malas condiciones de la central, que debería cesar su actividad de manera inmediata e irrevocable.

En primer lugar, recuerdan que Garoña tiene ya cuarenta años de vida, «con innumerables problemas técnicos como fallos en el sistema de prevención de incendios, aislamiento de la sala de control -estos dos reconocidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)- y estructurales». También se han registrado fallos en el sistema de refrigeración, denunciados desde hace años. El último ocurrió el pasado 27 de mayo, después de que se paralizara el funcionamiento del reactor debido a la aparición de vibraciones anómalas en la turbina.

Por otro lado, cuestionan qué es lo que ocurrirá con el test de estrés. Desde el organismo creen que, en caso de que no se llevara a cabo, se debe a que «ni ellos mismos piensan que lo vaya a superar». Y añaden: «recordemos que los test de estrés se han planteado desde la Unión Europea para verificar que las centrales cumplen los estándares técnicos y de seguridad para su pleno rendimiento y Garoña, como ya hemos dicho y reconoce el CSN, no los cumple».

«Pedimos que Garoña se cierre ya en vez de esperar a un posible cierre en el 2013 por vieja, obsoleta, peligrosa, económicamente amortizada, por que lo pide la mayoría socia», concluyen.

La potestad, del Gobierno

Paralelamente, el Tribunal ha desestimado todos los recursos interpuestos contra la decisión del Gobierno de Zapatero de proceder al cierre de la central en 2013, tanto los de la empresa propietaria Nuclenor -que pedía explotar la central hasta el 2019-, como las de las asociaciones ambientalistas, que pedían el cierre inmediato.

Según la sentencia, se otorga al Ministerio de Industria y al Gobierno la potestad de decidir sobre el cierre de las mismas cuando expira su permiso de explotación. Ahora, Ekologistak Martxan, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Confederación General del Trabajo (CGT), exigen al PSOE el establecimiento de un calendario de cierre del resto del parque nuclear estatal, -hay otras 7 centrales-, «ya que la sentencia le otorga la potestad». Además, el texto ratifica el no otorgamiento de ninguna indemnización.

NO COMPENSA

Tal y como recuerdan Bildu y Eguzki, tanto la mayoría social, como mayoría de la ciudadanía alavesa se muestran a favor del cierre inmediato de Garoña porque «los riesgos no compensan los beneficios».

decisión injusta

El presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, dijo ayer que la decisión de la AN es «injusta» y «puramente política». Para él, esto confirma que es una «arbitrariedad del presidente», José Luis Rodríguez Zapatero.

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