La apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, dictada ayer por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, José Flors, marca el principio del fin del proceso judicial conocido como «causa de los trajes» de la trama «Gürtel» y supone una oportunidad para que pueda demostrar, como dijo en marzo de 2009, que él se paga sus trajes.

La decisión judicial, que no es recurrible, llega veintinueve meses después de que Camps conociera su implicación en el «caso Gürtel» y fue adoptada por Flors tras apreciar indicios de que la red corrupta supuestamente pagó unos trajes adquiridos por el president y los otros dos imputados, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret. El juez estima que podría tratarse de un delito continuado de cohecho pasivo impropio (recibir regalos en función de su cargo).

Flors impuso a los cuatro imputados una fianza equivalente a la multa solicitada por el fiscal (41.250 euros para Camps, Costa y Betoret y 35.000 euros para Campos) y un tercio más de esa cantidad. La acusación popular, ejercida por el PSPV, pide tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para Camps por considerar que los regalos no son un caso de cohecho impropio sino de cohecho propio, porque los recibió a cambio de adjudicar contratos. En caso de no dimitir, Camps se convertiría en el segundo presidente autonómico que se sienta en el banquillo de los acusados, después del ex presidente de Cantabria José Hormaechea.

Flors impuso a los cuatro imputados una fianza equivalente a la multa solicitada por el fiscal (41.250 euros para Camps, Costa y Betoret y 35.000 euros para Campos) y un tercio más de esa cantidad.

Camps siempre ha mantenido no haber recibido regalos, aunque en su última oportunidad antes de que el juez dictara su auto cambió su tesis y dijo que podría haberlos recibido pero en su condición de presidente del PP valenciano y no por su cargo público, recordó el diario «El País» en su edición digital. El argumento que rechaza Flors cuando se reciben regalos de «quienes tienen intereses económicos no sólo con el partido sino también y sobre todo con la administración autonómica».

Considera el juez en su auto que estos regalos no pueden equipararse con los que los usos sociales aceptan como «inocuos o admisibles» y rechaza que se hicieran por la amistad de los procesados con Álvaro Pérez, «el Bigotes».