El Estado español ha aplicado, muy en especial en estos últimos 25 años, una implacable estrategia para hacer imposible que las personas incomunicadas puedan probar lo que les han hecho en dependencias policiales. Estrategia que se ha traducido en un secretismo de la tortura que denuncia con rotundidad el Catedrático de Ética Xabier Etxeberria, porque «deja sumida a la víctima en el mayor desamparo no sólo en el momento de ser torturada, sino en el momento de reclamar la justicia y la reparación debida por lo que se le ha hecho».

En efecto, durante décadas se ha humillado a miles de víctimas de la tortura, que han reclamado en vano verdad, reconocimiento y reparación, exi- giéndoles pruebas que el Estado había hecho de antemano imposibles. Y ahora que se ha constituido la ponencia de víctimas de violencia de motivación política todo parece indicar que tanto el PSOE, como sobre todo el PP, pretenden humillarlas de nuevo de idéntica manera.

Se trata de una enorme injusticia que es preciso afrontar en toda su gravedad, dejando muy claro que esa cuestión debe ser abordada con un mínimo de justedad e imparcialidad, que es del todo incompatible con la humillante exigencia de pruebas imposibles. Y proponiendo vías de solución que puedan ser consensuadas en la mencionada ponencia.

Por mi parte, me atrevo a proponer que para empezar, y junto con otras iniciativas, se realicen estudios imparciales que analicen desde diversos aspectos las dos versiones enfrentadas respecto a la tortura, la de quienes alegan haberla sufrido y la del Estado que lo niega. Y establecer tras ello el grado de credibilidad que merece cada una de ellas.

Un buen ejemplo de ese tipo de estudios es el dictamen titulado «Documentación de la tortura en detenidos incomunicados en el País Vasco desde el 2000 al 2008: abordaje científico», en cuya realización se utilizaron instrumentos epidemiológicos y estadísticos de abso- luta solvencia, y que publicó la Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco. Y otros dos estudios similares; uno, encargado por el Ararteko.

Esos tres estudios, que no han sido por desgracia apenas publicitados, han mostrado las posibilidades de ese enfoque en el que conviene profundizar. Por ejemplo, realizando un estudio similar sobre la enorme cantidad de detalladísimas «confesiones» de militantes vascos en dependencias policiales españolas, mientras que no sucede en absoluto nada similar con el mismo tipo de personas en las francesas. En Francia, se niegan a declarar, tal y como remarcan los media españoles, pero en España no hacen otro tanto, y lo cuentan todo «con pelos y señales». ¿Por qué semejante diferencia?

Por otra parte, existen fuertes indicios de que el Estado ha utilizado falsos documentos para aducir que las alegaciones de torturas son falsas. Por ejemplo, una supuesta carta de «Txeroki», acusado de ser dirigente de ETA, que decía que «lo relacionado con las torturas falsas sufridas por Igor (Portu) en manos del enemigo está en buen camino». En 50 años de existencia de ETA las fuerzas de seguridad nunca habían descubierto un documento semejante, donde supuestamente se reconoce la falsedad de una denuncia de torturas, y para una vez que dicen descubrir uno resulta que habla justo del caso en que más pruebas ha habido de dichas torturas en los últimos cinco lustros. Significativo, ¿no? Y un claro indicio de que la carta es falsa.

¿Por qué no estudiar en profundidad la credibilidad de ese documento y de otro de dos páginas que dicen haber intervenido a ETA en 1998 y es el que sacan siempre a relucir cuando alegan la supuesta existencia de manuales para denunciar falsas torturas? Y estudiar también el modo en que han tergiversado con el mismo fin otros documentos, esos sí reales, tanto de ETA como de organismos populares. Algo que han hecho al menos desde 1981 y cuyo mejor ejemplo se dio con el manual «Atxiloketari aurre eginez» intervenido tras la detención de Portu y Sarasola.

De paso, cabría asimismo examinar la actitud de las autoridades españolas que llevan dos décadas negándose a adoptar tres sencillas medidas preventivas demandadas por el CPT del Consejo de Europa.

Y lo han hecho no sólo mintiendo descaradamente para justificar su negativa, sino que también han prometido en falso hasta en tres ocasiones (en 1995, 1998 y 2003) que adoptarían dichas medidas.

Hasta aquí mi propuesta de consenso, que incluye además profundizar en otros aspectos como el referido al papel de los media y el de la Justicia. Sé de sobra que el PP se opondrá rotundamente, pero albergo la esperanza de que el PSOE acabe por comprender que, en esta nueva situación, tiene en verdad mucho que perder si sigue humillando a las víctimas de la tortura, exigiéndoles pruebas imposibles. Y mucho que ganar si se decide a abordar la cuestión de su reconocimiento de forma justa e imparcial.

¿Se decidirá por fin a empezar a dar pasos realmente valientes o seguirá preso de la alargada sombra del PP? La pelota está en su tejado.