Alertan de la «patológica obsesión» de Marlaska por los abogados vascos
Eskubideak estima que el arresto y envío a prisión de Arantza Zulueta, responde «única y exclusivamente a la patológica obsesión del magistrado Grande-Marlaska, por detener y encarcelar a abogados que habitualmente defienden a disidentes vascos». Portavoces del colectivo de letrados de Euskal Herria reivindicaron la libertad de Zulueta y denunciaron múltiples «irregularidades fácticas y jurídicas».
Agustín GOIKOETXEA |
La Asociación de Abogados de Euskal Herria, Eskubideak, compareció ayer en Bilbo para valorar la detención y posterior encarcelamiento de su compañera Arantza Zulueta. Alfonso Zenon e Iñigo Santxo, en castellano y euskara, respectivamente, se encargaron de dar a conocer las numerosas irregularidades de las que, a su juicio, adolece la práctica procesal seguida por el juez Grande-Marlaska.
El colectivo de abogados vascos entiende que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional «no ha sabido, o no ha podido asimilar el revés jurídico que le propinó la Sección Tercera» del tribunal especial, cuando en diciembre decretó la libertad provisional de Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi. Es más, precisaron que el auto decretado por Fernando Grande-Marlaska, que supuso el arresto de la letrada hoy hace una semana en Hernani por parte de la Guardia Civil, responde ««única y exclusivamente a la patológica obsesión» del magistrado por detener y encarcelados a quienes defienden habitualmente a los disidentes vascos.
Zenon avanzó que la defensa de Zulueta prepara un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la misma que en diciembre enmendó la plana a Grande-Marlaska. Aclaró que cabría la posibilidad de presentar un recurso de reforma ante el Juzgado Central de Instrucción nº 3, del que es titular el magistrado citado, pero, «al haberse saltado los criterios utilizados por la Sala de lo Penal» para liberar a sus tres compañeros, la han desechado.
No será la única vía que emprendan, ya que es su intención denunciar ante la comunidad jurídica española e internacional, «esta situación injusta». En noviembre, la asociación europea de abogados ELDH (European Lawyers for Democracy and World Human Rights), con miembros en 26 países y de la que son miembros varias asociaciones de juristas de varios estados, hizo pública una declaración en la que solicitaba la libertad de Jon Enparantza, Arantza Zulueta e Iker Sarriegi.
Zenon y Santxo relataron que desde diciembre, cuando fue puesta en libertad provisional tras depositar una fianza de 60.000 euros, Arantza Zulueta «ha cumplido todas y cada una» de las medidas impuestas por el Juzgado, estando a disposición de todas las instancias judiciales que han requerido su presencia. Citaron, por ejemplo, la autorización recibida de Grande-Marlaska para que viajara a París por motivos laborales, o su participación en la defensa del «caso Bateragune».
Antes, en marzo, fue de nuevo citada en la Audiencia Nacional y el fiscal, recordaron, estimó que no procedía cambio en su situación personal, ya que no había «riesgo de fuga y/o reiteración delictiva».
Desde Eskubideak incidieron ayer en que ninguno de los hechos imputados en los autos que ordenaron el arresto y encarcelamiento de Zulueta «suponen una variación en la imputación inicial de `pertenencia a banda armada', y en este sentido, no se argumenta de ninguna manera la razón de ser de la medida de prisión». Por ello, remarcaron que la decisión del juez Fernando Grande-Marlaska «contradice» la de la Sala de lo Penal, «la cual consideró acreditado `un suficiente arraigo social y laboral que minimiza el riesgo de fuga».
Los portavoces de Eskubideak destacaron que los autos que detención y de ingreso en prisión «adolecen de elementos indispensable para evidenciar las irregularidades fácticas y jurídicas que se están dando en el presente procedimiento». Citaron las «multiples irregularidades» detectadas y denunciadas en los registros que se efectuaron el 14 de abril de 2010.
«La Guardia Civil, con la ayuda del juez Grande-Marlaska, continúa haciendo y deshaciendo a su antojo sin que exista el más mínimo control judicial», denunciaron desde Eskubideak en su rueda de prensa de ayer. Además de recordar que los registros de los despachos de Arantza Zulueta, Jon Enparantza e Iker Sarriegi en Hernani y Bilbo se efectuaron «sin control alguno», en los que «luego, sospechosamente aparecieron elementos que fueron ocupados», Alfonso Zenon e Iñigo Santxo alertaron de que los informes del médico forense sobre los detenidos en abril de 2010 han sido aportados en junio de 2011.
Los compañeros de Zulueta destacaron que los datos que utiliza el juez para variar la situación de la letrada provienen de un informe de la Guardia Civil que se aporta incompleto a la causa, «únicamente se aportan los folios 31 a 34, algo que es absolutamente contrario a las más elementales normas del procedimiento penal».
Advirtieron de que el juez instructor incoa nuevas diligencias partiendo del citado informe «con el fin de ocultar a la defensa -precisaron- la práctica de nuevas diligencias de investigación, para después acumularlas a las diligencias principales, en lo que constituye una práctica procesal absolutamente irregular».
También alertaron de que en los autos de detención e ingreso en prisión de Arantza Zulueta no se reflejan las torturas que denunciaron el resto de arrestados en la operación del 14 de abril de 2010, un documento de directrices en la operación o las escuchas «ilegales» del CNI. A.G.
Desde que Fernando Grande-Marlaska ordenase el jueves pasado su ingreso en prisión la abogada Arantza Zulueta se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real, en régimen de aislamiento.
