Esta semana hemos sabido -si bien se intuía- que Simón Santamaría seguirá al frente de la Policía Municipal de Pamplona. Durante unos días se habían alimentado por parte del propio Jefe de Policía Municipal los rumores de su marcha y la vuelta a su antiguo puesto de trabajo en Volkswagen. Pero no ha sido así, pese a sus declaraciones públicas y a algún amago reconocido en privado por el propio alcalde, Enrique Maya, a algún medio de comunicación.

Es obvio lo que representa la continuación de Santamaría como Jefe de la Policía Municipal de Iruñea: en primer lugar, la validación por parte del actual alcalde de la estrategia de su antecesora en esta materia y su apuesta por un modelo de Policía Municipal al servicio de los intereses políticos de UPN y de la función represiva y las actitudes represoras impulsadas por este militar de formación dentro del cuerpo policial más próximo a la ciudadanía. Frente al modelo de servicio a la ciudadanía que otros defendemos, UPN ratifica su apoyo a un concepto militarizado de la policía local. Pero esta decisión significa también la supeditación absoluta del señor Maya a Yolanda Barcina, al homologar el autoritarismo que ha impregnado sus doce años de gobierno en Iruñea, siempre de la mano del señor Santamaría, quien no sólo ha recibido la reprobación formal de la mayoría del pleno en dos ocasiones -en 2007 y 2009- sino también la contestación interna de gran parte de los agentes y de todos los sindicatos municipales por su autoritarismo y malas formas. Mantenerlo ahora, contra viento y marea, es oponerse a la voluntad de la mayoría de la ciudad.

Basta recordar el triste protagonismo de algunos agentes de la Policía Municipal bajo la dirección de Santamaría para constatar el sectarismo y error que implica esta decisión: los sucesos del 6 de julio de 2010, en los que un grupo de agentes la emprendió a palos con armas tan cuestionadas como las porras extensibles en medio de la Plaza Consistorial y a pocos minutos del txupinazo para reprimir la exhibición de una ikurriña, episodio cuya grave conse- cuencia -un joven con lesiones de por vida y varios iruindarras en el banquillo- exigiría por sí mismo su renuncia; o la bochornosa participación contra la celebración de los calderetes de la Txantrea hace un año; o la presión a los Olentzeros de los barrios; o las cargas sistemáticas realizadas contra el popularmente llamado encierro de la villavesa. O el celo obsesivo por eliminar todo cartel en euskara en las calles.

Pero aún hay más. Como recogía recientemente un diario navarro, la lista de sucesos que salpican a la figura de Santamaría es muy larga. En abril de 2009 la Comisión de Personal denunció el uso de camisetas que incitaban a la violencia. En junio de ese mismo año, la misma Comisión pidió expresamente al equipo de gobierno el relevo de Santamaría por el estado profesional y personal al que estaba sometiendo a la mayoría de agentes.

En junio de 2010 SOS Racismo denunció el maltrato inflingido por varios agentes a una persona extranjera, sin que se tomaran medidas por parte del Jefe de Policía Municipal ni del gobierno. En noviembre de ese año, Simón Santamaría abrió expediente a cinco agentes por hacer su trabajo e interponer multas a coches oficiales mal aparcados, evidenciando así su incontestable vasallaje político. Por no hablar del hostigamiento denunciado por varios hosteleros durante los últimos sanfermines...

Y un largo etcétera de intervenciones cuyo único fin o consecuencia ha sido reprimir y coartar la libertad de la ciuda- danía, y vulnerar sus derechos.

Y siendo esto así, el señor Santamaría ha obtenido por parte del nuevo equipo de gobierno el plácet que le había retirado la mayoría del pleno, y por lo tanto, la mayoría política, social y democrática de Iruñea. Sólo cabe esperar más de lo mismo por su parte, y por la del gobierno municipal entrante.

Como ya transmitimos al alcalde al solicitarle la destitución de Simón Santamaría hace unas semanas, el señor Maya tenía una ocasión excelente con el inicio del nuevo mandato para desprenderse de una figura tan nefasta para la convivencia, la seguridad y el propio desarrollo futuro de la Policía Municipal como policía de proximidad y al servicio de la ciudadanía.

Pero el empeño obsesivo de UPN -o los largos y férreos tentáculos de Yolanda Barcina- mantiene a Santamaría y a su grupo de seguidores contra el criterio de la mayoría de muníciples, de los sindicatos y de la sociedad, haciendo caer en picado la legitimación social de la Policía Municipal.