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Critican la «imposición» de servicios de salud privados en la costa labortana

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A. MANTEROLA | DONIBANE LOHIZUNE

Yvette Débarbieux y Dominique Melé, concejales comunistas de Donibane Lohizune y de Urruña respectivamente, acompañados de Pierre Batby, secretario de sección del PC, criticaron ayer «los proyectos privados que van a instalarse en el seno del hospital público» de Donibane Lohizune.

Como consecuencia de una reordenación de los servicios de salud, «decidida en Burdeos por la Agencia Regional de Hospitalización (ARH)», dos unidades de salud dependientes de la clínica privada Beaulieu de Kanbo van a instalarse para finales de 2012 en espacios del sector público «con el fin de equilibrar la oferta médica, en particular geriátrica», según argumenta la dirección del Centro Hospitalario de la Costa Vasca.

Se trata de una unidad de veinte camas para seguimiento de pacientes convalecientes que se establecerá en la antigua maternidad y de otra de otras tantas camas para problemas ligados a la nutrición (obesidad, anorexia...). Esta unidad se asentará en un nuevo ala que se construirá en terrenos públicos anejos al centro Trikaldi que han sido cedidos por 25 años.

Otras necesidades

Los electos comunistas consideran que, «bajo el manto de la colaboración pública-privada, se está imponiendo» a la localidad labortana la acogida de dichos servicios cuando lohizundarras y aledaños tienen necesidades «más perentorias, como la construcción de un centro de día, el aumento de la capacidad de la residencia Udazkena o la ampliación de consultas de especialistas».

Débarbieux insistió en que la concertación entre lo público y lo privado «es una falsa solución porque cuestiona un servicio público como es el hospital, al final cuesta más tanto al erario público como a los usuarios y, además, existe el riesgo de que la oferta médica se limite a la asistencia sanitaria más rentable».

Los electos del PC estiman que se trata de una cuestión de voluntad política «porque se da preferencia a los intereses privados en detrimento del servicio público».

Piensan que esta reorganización «atenta a la democracia sanitaria porque se trata, en realidad, de una recentralización del poder a nivel del prefecto de región y porque se deja la gestión de los servicios en manos de accionistas privados».

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