El ministro español de la Presidencia, Ramón Jáuregui, explicó ayer en el Congreso de los Diputados que, con los informes jurídicos actuales, no es posible aplicar «todavía» la incompatibilidad sobrevenida, prevista en la Ley Electoral, para expulsar a Bildu de los ayuntamientos y las juntas generales.

Jáuregui respondió de este modo al representante de UPN en Madrid, Carlos Salvador, que vinculó a Bildu con ETA y preguntó al ministro cómo espera que los cargos electos de la coalición respeten la legalidad impuesta por las normas legislativas españolas.

A este respecto, el miembro del Gabinete Zapatero señaló que el Gobierno español velará por el cumplimiento «estricto» de la Constitución y las leyes del Estado, y anunció que vigilará de manera «minuciosa, rigurosa, puntual y concreta» todas las actuaciones de la coalición soberanista durante los próximos cuatro años.

Asimismo, mostró diferencias con las palabras de Salvador, quien afirmó que, tras la irrupción de Bildu, en Euskal Herria se vive «un estado de excepción predemocrático». Una sensación de «amenaza» ante la que discrepó el ministro de la Presidencia, que solicitó «inteligencia, unidad y firmeza» a los partidos presentes en el hemiciclo de Madrid. «Inteligencia para favorecer unos movimientos que probablemente representan que ese mundo dice que no quiere más ETA, aunque lo diga de una manera que no nos guste», precisó.

Respuesta desde Iruñea

La pregunta parlamentaria de UPN también obtuvo la respuesta de Bildu. En una rueda de prensa que tuvo lugar en Iruñea, el portavoz de la coalición en el Parlamento de Nafarroa, Maiorga Ramírez, denunció el «nulo talante democrático» de la formación regionalista.

Para Ramírez, iniciativas como la planteada en Madrid evidencian que UPN «lleva en sus genes la herencia del totalitarismo franquista». Una actitud ante la que, según indicó, se ha mostrado «sumiso y cómplice» el PSN al dar su apoyo a Barcina.