El incumplimiento sistemático por parte del Estado español de las recomendaciones que los organismos internacionales de derechos humanos le trasladan de forma reiterada para prevenir la práctica de la tortura también ha quedado reflejado en las conclusiones formuladas ahora por la Oficina de la Defensora del Pueblo español.

Esta institución -que dirige María Luisa Cava del Llano- presentó ayer el primer informe que ha elaborado en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). La Defensoría asumió la tarea de actuar como MNP a finales de 2009, función que le fue encomendada por el Parlamento español. Durante el año pasado visitó 231 «lugares de privación de libertad», realizando cerca de 300 visitas preventivas y sin previo aviso, de las cuales 231 han sido recogidas en el informe de actuación de 2010 que fue hecho público ayer y que puede encontrarse en la web www.defensordelpueblo.es.

En el resumen trasladado a la prensa, la Defensoría recuerda que el objetivo de esas visitas es «detectar debilidades en los sistemas de tratamiento a personas en custodia que puedan favorecer la impunidad en caso de torturas o malos tratos». Por ello mismo, considera que debe revisarse la regulación de la detención incomunicada.

Publicidad de los arrestos

Cabe destacar que la Defensoría del Pueblo resalta que hasta algunos de los argumentos con los que legalmente se justifica la incomunicación han perdido su razón de ser. Señala que, «dado los tipos delictivos para los que está reservada» la detención incomunicada, «tradicionalmente se ha justificado su aplicación como un medio para lograr tres fines».

Esos fines son: asegurar que el acceso a las pruebas por parte de las FSE no quedase comprometido por el hecho de que la detención sea de conocimiento público; evitar que la difusión del arresto «entre los miembros de una banda o grupo» fuese utilizado por otros miembros de la misma organización para eludir la acción de la justicia; e impedir que esa «organización criminal -que puede contar con una capacidad de acción notable a través de familiares, amigos, abogados, etc.- pueda ejercer presión sobre el detenido para que éste dificulte la investigación o, incluso, coaccionarlo si decide colaborar».

El informe concluye que, paradójicamente, las dos primeras razones «han perdido fuerza» como justificación de la incomunicación «dada la extendida práctica observada por los responsables de la seguridad de dar rápida cuenta a través de los medios de comunicación de las detenciones de miembros de bandas armadas o elementos terroristas».