Los atentados de Oslo y Utoya han puesto de manifiesto que el auge de la ultraderecha en Europa, que hasta ahora había sido tratado como un fenómeno de segundo orden, es realmente un problema de primera magnitud, no sólo por el modelo de sociedad totalitario y antidemocrático que propone, sino también porque tiene expresiones violentas que pueden desembocar en masacres como la del viernes pasado. Aupado en un discurso populista y demagógico, y gracias al lábel demócrata que le han concedido las fuerzas políticas tradicionales, la extrema derecha ha alcanzado cotas de penetración social y representación institucional insospechadas hace apenas unos años.

Hay, por tanto, motivos para la preocupación, y la tentación de presentar al autor de la matanza de Noruega como un desequilibrado solitario, minimizando la importancia de su ideología, constituye un ejercicio de irresponsabilidad, en algunos casos premeditada, que no ayuda a articular las medidas necesarias para hacer frente a este peligro. La ultraderecha está cada vez más presente, es por definición violenta y constituye una amenaza real para la convivencia.

Sin embargo, no hay que confundir preocupación con psicosis. La estación central de Oslo ha sido desalojada hasta en tres ocasiones al detectarse objetos «sospechosos», y la policía, objeto de críticas por su respuesta al tiroteo de Utoya, ha protagonizado en los últimos días episodios como operaciones «antiterroristas», detención y posterior puesta en libertad de varias personas y registros masivos, que no han hecho sino mantener un estado de alarma estéril tras los atentados. Noruega, tanto la sociedad como el Gobierno, respondió de forma serena al ataque fascista, defendiendo con ímpetu su sistema social espetuoso con todos los derechos. Ese debe ser el camino. Caer en la trampa de los securócratas y de quienes desde fuera no entienden la mentalidad democrática noruega es hacer el juego a aquellos que piensan como Breivik.