Lo que el Gobierno de Lakua presentó como una operación pionera en el Estado español para potenciar la vivienda pública de alquiler es, en opinión del PNV, «una operación de ingeniería financiera sin precedentes» y con claros visos de ilegalidad.

El Ejecutivo autonómico aprobó el martes lo que oficialmente se presentó como «un contrato para que un inversor privado ceda al Gobierno 4.000 viviendas para destinarlas al alquiler protegido». El contrato, que se espera cerrar con un fondo de inversión británico -aunque se hará un concurso público- divide ese número de pisos en cuatro grupos: 1.072 viviendas sociales ya construidas que el fondo comprará a la sociedad pública Alokabide; 1.875 viviendas en fase de construcción que el inversor adquirirá a la entidad pública Visesa; 199 viviendas a edificar en suelo del Gobierno que se venderá al fondo; y otras 854 que corresponde al inversor promover y construir.

El PNV sostiene que esto, en realidad, supone vender 2.947 viviendas públicas a un fondo de inversión. Los parlamentarios Joseba Egibar y Ricardo Gatxagaetxeberria explicaron ayer que el Ejecutivo de Patxi López pretende poner esas casi tres mil viviendas en manos privadas a precio de protección oficial, para después alquilárselas a tarifa de mercado libre y realquilarlas a los inquilinos a precio social.

Egibar y Gatxagaetxeberria consideran que ésta es una operación ilegal cuyo único objetivo es «hacer caja». A su entender, se vende «patrimonio de todos los vascos» para que el Gobierno obtenga «275 millones de euros con los que maquillar un final de legislatura que se les está alargando y que se les va a hacer eterno». Se trata de una estratagema de mal gestor.

El PNV teme, además, que se pretende utilizar agosto para correr plazos legales y que la operación esté cerrada en setiembre, por lo que ayer mismo presentó en el Parlamento una proposición no de ley urgente, instando al Gobierno a la paralización del proceso. Además, han solicitado explicaciones al lehendakari y todo tipo de información sobre la operación.

Lakua: «Todo legal»

A media tarde, el Departamento de Vivienda del Gobierno de Lakua hizo pública una nota de respuesta en la que aseguraba que es «una operación que cuenta con todos los informes de legalidad pertinentes».

La consejería de Iñaki Arriola sostiene que «el contrato aprobado obliga al inversor privado a que las viviendas permanezcan en el mercado protegido de por vida», aunque no desmiente que el Ejecutivo estará pagándole por cada piso un precio de alquiler propio del mercado libre.