ELA y LAB, por separado, han valorado de manera negativa el proyecto de Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria, que esta semana aprobó el Consejo de Gobierno del Gabinete de Patxi López. Consideran que «es un ataque» al sistema público de pensiones y demuestra «la orientación de Patxi López de apoyo a los poderosos».

La central que lidera Adolfo Muñoz destaca que «prima un marcado carácter financiero especulativo frente a otro modelo de reparto, más solidario». Minetras que la central que dirige Ainhoa Etxaide precisa que «es una manera más o menos burda de eludir por parte del Gobierno de Gasteiz su responsabilidad en garantizar para los trabajadores unas pensiones públicas dignas que hagan innecesaria una cotización añadida a través de los sistemas complementarios para acceder a un pensión suficiente en el futuro».

Ambas centrales manifiestan que existe un desconocimiento real del proyecto aprobado, por lo que «más allá de la propaganda oficial, no se conocen sus términos. Forma parte -dice ELA- de la política de oscurantismo que habitualmente desarrolla este Gobierno».

LAB analiza que un día después de que el Gobierno de Patxi López aprobara el texto, se conoció el superávit de la Seguridad Social. «En el primer semestre de 2011, la Seguridad Social del Estado español tiene un excedente de 8.321 millones. Con cuatro millones de personas en desempleo y con salarios cada vez más bajos, no parece que el tan cacareado colapso de las pensiones esté a la vuelta de la esquina, ni siquiera en el Estado español».

Por ese motivo, censura los argumentos que utilizó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, para justificar la potenciación de esta vía privada. «Seguir insistiendo, como expresó Aguirre, en que la Seguridad Social está al borde de la quiebra y que para evitarlo hay que apuntarse a los planes complementarios de pensiones es una manera de decir que este Gobierno no tiene intención de tomar medidas para fomentar la demanda interna, mediante la inversión pública en el desarrollo del tejido productivo, la creación de empleo de calidad, el desarrollo de los servicios públicos, la mejora generalizada de los salarios y las prestación es sociales».

Ante esa desidia gubernamental, LAB sostiene que «si el Gobierno de Patxi López tomara medidas directas, el riesgo sobre el futuro de las pensiones desaparecería por completo». Sin embargo, LAB y ELA desvelan con rotundidad que en este tipo de actuaciones están primando «los intereses financieros que quieren hacer negocio con nuestras pensiones».

Ese propósito del sector privado es «más importante para el Gobierno que las necesidades que tenemos los trabajadores, por eso se suman a la reforma de las pensiones recién aprobada», precisó LAB.

También en el tema fiscal ven elementos no cerrados, dado que algunas modificaciones que planteó Carlos Aguirre se debe realizar de acuerdo con el visto bueno de las haciendas forales que, de momento, no se han posicionado.

En cuanto a la creación del Consejo Vasco de la Previsión Social, ELA afirma que «deja en manos de la patronal y la minoría sindical las decisión sobre la gestión», por lo que critica que «no se respetan la representatividad democrática» y LAB remarca que el modelo que se ha anunciado «es para que CCOO y UGT salgan favorecidos».